La necesidad de modernizar las aduanas del país como medio para combatir de manera efectiva el contrabando y replantear el cálculo del salario digno, de modo que atienda las expectativas de los trabajadores, fue planteada durante el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Producción.
Alfredo Ortiz propuso que en la normativa se incorpore el trabajo por horas, que se exonere el pago de impuesto a la importación de maquinarias necesarias para fomentar la producción agrícola.
Al expresar su preocupación por los niveles de contrabando, sugirió que los equipos informáticos que sean capturados por el ingreso ilegal sean entregados al Ministerio de Educación y distribuidos a las escuelas y colegios.
Ramiro Terán pidió que el Código dé preferencia al trabajador, que para el cálculo del salario de la dignidad se incremente de 240 a 360 dólares el sueldo básico y que cada año se aumente 100 dólares, de modo que en dos años se equipare al valor de la canasta básica.
Precisó que los campesinos son los que cultivan la tierra y alimentan la economía del país y, por lo tanto, es importante dar un espacio a la producción campesina y a sus incentivos.
Pedro de la Cruz, agradeció por la inclusión de sus observaciones como la economía social y comunitaria, la obligación del Estado de proteger y estimular la agricultura familiar y comunitaria como garante de la soberanía alimentaria; el establecimiento de medidas específicas para la redistribución de la riqueza y la eliminación de las desigualdades en el acceso de los factores de producción.
Hugo Quevedo, señaló que el cuerpo jurídico ebe garantizar seguridad jurídica para el exportador para lo que se requiere eliminar toda discrecionalidad, especialmente en el campo de las aduanas.
A criterio de Nicolás Lapentti, el Código de la Producción es uno de los temas más importantes y más cruciales a tratarse porque de él dependerá la economía del país, pues debe propiciar mayores inversiones, lo cual generará más empleos, menor delincuencia y mayor ingreso económico al país por consiguiente un mejor vivir para todos.
Dijo que el salario debe llenar las expectativas de los ecuatorianos, pero que un salario digno que no esté respaldado por la productividad afectará al sector empresarial, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a aquellas que cumplen actividades en las que prevalece la mano de obra.
Comisión General
La Asamblea recibió al prefecto de Sucumbíos, Orlando Grefa y al alcalde de Lago Agrio Yofre Poma, quienes pidieron sensibilidad con la Amazonía ecuatoriana, para que se exonere del pago del impuesto a la tierra al campesino y agricultor de esa región.
Solicitaron la exoneración del pago del impuesto a las tierras rurales para la región amazónica, así como de las multas, correspondientes al ejercicio 2010.
Exhortaron a que se revise la vigésimo segunda disposición transitoria, relativa a las superficies de los terrenos para el cálculo del impuesto a las tierras rurales ubicadas en la Región Amazónica, pues se debe considerar que para la producción de alimentos deben recurrir a técnicas especiales, dadas las condiciones de los terrenos.
Por su lado el Presidente de las Organizaciones Indígenas y Campesinas del Noroccidente de Pichincha, Carlos Pinzón, dijo que el impuesto a la renta para las tierras rurales es un inconveniente para el sector, argumentando que no se han considerado aspectos técnicos, como el tipo de suelo.
Sugirió que para el establecimiento al impuesto a las tierras se considere como hecho generador del impuesto, no solo la cantidad de territorio que se posea, sino la vocación agrícola del suelo y la topografía del terreno.
Por último, propuso que la declaración y el pago del impuesto a las tierras rurales se inicie una vez que el SRI cuente con los catastros actualizados y remitidos por las instituciones competentes como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y los municipios municipalidades, para lo que se requiere realizar un censo agrario.
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