Más historias de tristeza, dolor e impotencia se escuchó en la Comisión de Régimen Económico por parte de los deudores de buena fe. Esta mesa continuó el tratamiento del proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, a fin de elaborar el informe para segundo debate, que estaría listo el martes próximo y entraría a discusión en el Pleno el jueves, 9 de marzo.
José Chávez, deudor del Banco Nacional de Fomento (BNF) en liquidación, contó que es uno de los 160 ciudadanos que no se benefician del proyecto, porque su deuda es de 43 mil 470 dólares. El techo máximo para iniciar la restructuración y acceder al perdón de multas, intereses, recargos es de 40 mil, con lo que se alcanza a cubrir al 99.5% de la cartera, según el informe para primer debate.
El agricultor de Chone-Manabí contó que adquirió un crédito para comprar una finca, pero que, por diferentes circunstancias, como fenómenos naturales, alto costo de producción y bajo costo de las ventas, no ha logrado cumplir sus obligaciones. Pidió que se excluya al límite del monto del capital y se cubra al 100% de los deudores.
La comisión se reunirá mañana, a partir de las 09:30, con una nueva metodología. Conformará dos grupos de trabajo para analizar las diferentes particularidades que se expusieron en las comisiones generales y “resolver la mayor cantidad de temas”, según Virigilio Hernández, presidente de la mesa. Expresó que el pedido de cubrir al 100% de los deudores del BNF significa incluir 160 operaciones más, que sumarían unos 9 millones de dólares. Hay temas distintos, pero otros de carácter general por eso debemos dividir la discusión y buscar soluciones, comentó.
Que se investigue a terceras personas que fueron beneficiadas de los bienes que entraron a remate y de los funcionarios que estuvieron a cargo de estos procesos fue el pedido de Víctor Hugo Carrillo, un ex empresario que, según afirmó, perdió todo en la crisis bancaria de 1999. Explicó que durante el cierre de la banca contaba con nueve millones de dólares en garantías y dos millones en deudas, en dos instituciones financieras.
Explicó que aunque el monto por sus bienes, que fueron rematados, supera más de cuatro veces la deuda, la misma no se extinguió y, más bien, creció en intereses, por lo que ahora debe 6 millones de dólares.
Con que se haga un seguimiento de quienes fueron “terceros beneficiarios” coincidió María Elsa Viteri, representante del Colectivo de Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada. Ella concluyó que es necesario conformar una comisión para que analice caso por caso y que, además, se haga un estudio del sistema de coactiva, que es un “sistema de indignidad”. Dijo que por el acoso que han recibido los deudores de buena fe se han producido suicidios y, en otros casos, los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de generar patrimonio o producir. “Se ha negado el derecho al trabajo”, acotó.
De la misma manera, para Viteri la comisión debería analizar la venta a la compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A. de la cartera de las operaciones crediticias y no crediticias que posee el Banco Central y que provengan de los procesos derivados de la crisis financiera de 1999. Pidió también que en el proyecto se incluya a los deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN), sobre todo, por la afectación que ha producido el shok económico externo.
“Hay sectores que no se los incluye y deberían estar todos. La agricultura en nuestro país todavía no es sustentable. Hay temporadas que los productos se botan al río. Solo en Quinindé-Esmeraldas el pasado 21 de noviembre 160 familias fueron declaradas con plazos vencidos”, expresó Miriam Rodríguez, del Frente Nacional de Deudores de Buena Fe.
Abel Nabas, de la Corporación Nacional de Pequeños Agricultores, planteó, en cambio, que las personas de la tercera edad, quienes tengan enfermedades catastróficas o algún tipo de discapacidad tengan algún tipo de trato especial.
LILA/pv
