A propósito del Día Mundial del Agua, Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, destacó la importancia de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, tratada por esta mesa parlamentaria. La normativa, que garantiza el derecho humano al agua, así como su uso equitativo, prohíbe la privatización del recurso natural, así como su mercantilización con fines de lucro.
“Si el agua da la vida y la vida no tiene precio, entonces es erróneo pensar que se puede privatizar un recurso que es vida. El Estado tiene la potestad de garantizar el derecho al agua para la sociedad”, exclamó.
Según Proaño, los estudios científicos sobre cambio climático concluyen que el agua es un recurso no renovable, “pues cuando se pierde, en ciertas zonas, desaparece totalmente”, dijo y aseguró que estas investigaciones producen un giro de enfoque, con respecto a la forma de distribución y gestión del agua. "Desde entonces, las políticas públicas están encaminadas a distribuir la escasez del recurso, más no a la regulación de la abundancia", subrayó.
De ahí que la normativa incluye una distribución eficiente y equitativa del agua, que deviene con la priorización de consumo y uso de este recurso. "Una vez satisfecha la necesidad de consumo del agua, su uso en una región determinada, se destina para la agricultura campesina, el caudal ecológico e industria para la productividad alta", explicó.
Para Proaño, el Ecuador no escapa de esta realidad. Los estudios sobre recursos hídricos en el país revelan una disminución del caudal de agua, debido a condiciones climáticas, como pérdida de páramos y bosques, destrucción de fuentes naturales y evaporación de las aguas subterráneas de la costa.
Sin embargo, la pérdida de caudal también responde al acaparamiento del agua, subrayó. En el 2000, el Legislador emprendió estudios sobre este fenómeno en el país: "hay zonas con una población numerosa, con poca agua, y otras con menos habitantes, en donde hay mucha agua¨, señaló. Frente a la escasez, se requiere una adecuada redistribución del recurso, que consta en la ley, resaltó.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a partir de 1950 se triplicó el consumo de agua, a escala mundial. Por habitante aumentó casi en un 50%, siendo los sectores agrícola (70%) e industrial (20%) los que la utilizan en mayor porcentaje.
Además, enfatizó que la ley tiene una mirada preventiva, por lo cual hay una responsabilidad social de la comunidad en su conjunto, en cuanto a la no contaminación del agua. De modo que no se trata de montar en las zonas urbanas, una infraestructura con una tecnología de punta para purificar los caudales, sino de prevenir su contaminación.
Maurcio Proaño, explicó que “los ríos contaminados cuentan con una purificación natural; los golpes hídricos que se producen contra las piedras que yacen en el cauce, oxigenan el agua y el caudal se depura. Sin embargo, cuando la contaminación es extrema, las fuentes naturales se mueren".
La Ley de Aguas estableció un plazo de 10 años, a los gobiernos locales y municipios para la depuración de ríos y acequias a través de una infraestructura que contempla procesos bioquímicos y biomecánicos, que no es costosa, señaló. “Los desechos y desperdicios que las poblaciones urbanas generan se reúnen en los sistemas de alcantarillado. Pero, con una tecnología, que es sencilla, se puede purificar este caudal contaminado que emerge de las alcantarillas, antes que desemboque a los ríos, de modo que sería agua limpia la que se une a las fuentes naturales”.
Proaño invitó a la conciencia ciudadana con medidas preventivas de contaminación. Desde el hogar, se puede colocar mallas en las rejillas por donde filtra el agua, a fin de retener residuos así como evitar los desechos en las cañerías y sanitarios, indicó.
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