Casi a cuatro años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, los asambleístas Betty Carrillo, de Alianza Pais, y Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, analizaron su implementación. La primera coincidió en que se requieren cambios en la norma y el segundo, habló de la necesidad de construir una nueva ley.
Los dos legisladores se presentaron en el programa de los medios legislativos, Tercer Debate. Para Carrillo, la Ley de Comunicación permite defender los derechos de comunicación. Además, insistió en que los ecuatorianos y ecuatorianas estamos más protegidos. Aseguró que los medios de comunicación deben actuar con responsabilidad social. “Toda ley es perfectible y con los resultados, que ya tenemos, presenté un proyecto de reformas”, aseveró Carrillo.
En tanto, Torres dijo que hay una excesiva intervención del Estado en los medios. “Es hora que nos permitan escuchar una programación sin la interferencia de quienes se encuentran en el poder. Para que eso ocurra se necesita una ley que desarrolle los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión”, afirmó.
Para Carrillo, estos derechos se garantizan con la ley vigente. “Nace como una necesidad para el país, en donde la comunicación solo era vista de una manera mercantilista. Nace la necesidad de que los medios tengan una responsabilidad social de la posibilidad de que la ciudadanía tenga una información veraz, verificada, contextualizada”, argumentó Betty Carrillo.
Reiteró que la ley garantiza otros derechos ciudadanos, como la réplica y rectificación. “Los derechos a la libertad de expresión son legítimos, pero al estar a través de un micrófono, la persona debe hacerlo con responsabilidad”, agregó. Por lo que dijo, se generó una cultura en donde debe respetarse la dignidad, derechos de los niños y niñas, mediante la estipulación de franjas horarias.
Torres, sin embargo, cree que la mejor defensa que tiene el ciudadano es tener medios libres, no controlados. Los que defendemos la libertad de expresión vemos en la ley el peor ejemplo. Es estatista, intervencionista. Si algún ciudadano es perjudicado con algún tipo de difamación tiene los medios legales y judiciales. En cambio, en el Ecuador, el árbitro del problema es un funcionario publico que, muchas veces, es juez y parte. “Quienes más se molestan con lo que hacen los medios privados son quienes están en el poder”, replicó Torres. Sin embargo, destacó algunos avances, como que los periodistas tengan garantías que antes no poseían.
Expresó que una de las tragedias de la ley es haber transformado a la comunicación en un servicio público. Manifestó que, para que se constituya en tal, le faltan al menos dos elementos: uniformidad y tener una tarifa. Con ese concepto, aseguró que desde el poder lograron intervenir en las actividades de los medios privados. El decir, que debe cumplir un servicio público, que es garantizar los derechos a la comunicación, vinculados al derecho a estar bien informado y defender otros. "Significa entregar a la sociedad un servicio que requiere", aseveró Carrillo.
Torres afirmó que existen medios que fueron objeto de sanciones desproporcionadas por infracciones que están consagradas de manera ambigua y general. Acotó que el poder monta un aparato estatal sobre los medios privados, por eso la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cree que se pusieron una serie de restricciones al derecho a la comunicación, por lo que debe ser cambiada.
En cambio, Carrillo explicó que el cuerpo legal creó a la Superintendencia de Comunicación y que estableció algunos parámetros, en donde los medios deben presentar su cronograma, franjas horarias y que los diferentes programas deben tener contenidos de tipo social y educativo. Informó que esta entidad emitió alrededor de mil procedimientos administrativos, de los cuales 662 se resolvieron con sanción administrativa, 263 se archivaron y 105 absueltos. En este momento 28 están en trámite. Los procesos se ejercen según el debido proceso, aseguró.
En cuanto a la redistribución de frecuencias, Carrillo expresó que antes los medios privados, cuyo fin es obtener un beneficio personal, ocupaban el 97% del espectro radioeléctrico y que con la Ley se establece que los comunitarios y públicos puedan ocupar parte de este espacio, cuyo fin es hacer una función social.
La distribución del espacio radioelétrico es arbitraria y absurda. Se conoce que en este proceso de renovación de contratos de concesión los medios comunitarios no participaron hasta llegar a ese 34%, por lo que “bien podríamos tener más medios privados”. En el ámbito público luce excesivo, añadió.
LILA/pv
