En el suplemento oficial 966 se publicó la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública. La Asamblea aprobó este cuerpo legal, el 11 de enero de este año y el 13 de marzo se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo. La norma pretende garantizar eficiencia y transparencia en los contratos que suscriba el Estado y fomentar la actividad productiva. Incentiva la participación de la Economía Popular y Solidaria.
La Comisión de Gobiernos Autónomos fue la encargada de estudiar el cuerpo legal y preparar los informes para que el Pleno los debata. El presidente de este organismo parlamentario, Richard Calderón, defendió los textos que ahí prepararon. Aseguró que se perfeccionarán los procedimientos de contratación, mejorarán los tiempos administrativos y se hará la operación de obras con costos más bajos y sin afectar la transparencia.
A través de la iniciativa legal, se reforman leyes como la de Contratación Pública y el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Una de las mejoras es lo que tiene que ver con la expropiación. Se homologan los precios y tiempos para ejecutar esta acción. Propone que se pague el precio justo y descuenten los aumentos que se produzcan por la obra pública, a fin de que recupere las inversiones, mediante el cobro de la contribución por mejoras.
Por otro lado, las reformas se encaminan a dinamizar la contratación pública para incentivar la economía nacional, en especial, para los pequeños contratistas. Amplía a otros montos la contratación integral a precio fijo, con la finalidad de reducir costos y tiempos de contratación, así como operación de ciertos proyectos.
Además, establece facilidades para los pequeños contratistas para que puedan acceder a fondos, a fin de cumplir las garantías exigidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La reforma limita los porcentajes de contratación de obras complementarias, obra nueva y diferencia de cantidades, con el propósito de equipararlos a los estándares utilizados por los organismos multilaterales de crédito y otros países de la región. El mecanismo implica una mayor responsabilidad de consultores y funcionarios que elaboran los estudios precontractuales para que se ajusten a la realidad.
LILA/pv
