El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, en declaraciones a La Radio de la Asamblea, dijo que no hay ninguna reforma por la cual se pretenda despojar a los ciudadanos de la propiedad privada.
El legislador subrayó que, se aprobó la Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 966 de 20 de marzo de 2017, con el propósito de homologar el sistema de expropiación -que no es lo mismo que confiscación- que se aplica en el Gobierno central y en los gobiernos autónomos descentralizados que, por ejemplo, tenían plazos distintos (30 días y 90 días, respectivamente), así como para la apelación los plazos eran ocho días, en el primer caso y tres días, en el segundo. La reforma determina ocho días para el ejercicio de este derecho.
Aclaró que la expropiación es un mecanismo que utilizan todos los Estados del mundo y, como parte del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, con el propósito de ejecutar obra pública como la construcción de vías, puentes, a través del pago del justo precio al ciudadano y, de esta manera, mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad. Es un mecanismo legal que ha existido siempre en la normativa ecuatoriana y que se lo aplica en todas partes del mundo, enfatizó.
El asambleísta Richard Calderón aseguró que no hay motivo de preocupación para la ciudadanía, puesto que más bien se profundiza en mecanismos para salvaguardar el debido proceso y el derecho a la propiedad privada.
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