La Legisladora, Gina Godoy, señaló que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reunirá la próxima semana para aprobar el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, presentado por el Presidente de la República, Rafael Correa, referente a los paraísos fiscales.
La Parlamentaria destacó el trabajo desarrollado por la mesa legislativa, al recibir la comparecencia de diferentes autoridades e instituciones vinculadas con esta temática. En dichas reuniones se evidenciaron algunos instrumentos que están en plena vigencia y son parte de las responsabilidades de las entidades de control y también las prácticas de ciertas personas que tienen grandes patrimonios fuera del país y que terminan afectando al circulante del Ecuador. "Lo que buscan es ocultar el patrimonio y desconocer el origen de esas fortunas", dijo.
Nuestro país, consecuente con el mandato popular, asume este compromiso y la mesa de Justicia espera en la siguiente semana aprobar el informe para primer debate, precisó.
Gina Godoy, señaló que las observaciones de las autoridades les ayudó a determinar los cambios que se deben efectuar en algunas leyes como por ejemplo el Código de la Democracia; Ley de Régimen Tributario Interno; Ley de la Contraloría General del Estado, que es un ente de control que también debe observar la forma como se administra los recursos públicos.
Dijo que según del Servicio de Rentas Internas hay un registro aproximado de 3.000 servidores públicos que mensualmente están transfiriendo entre mil y 1.200 dólares hacia lugares de paraísos fiscales. Con esto, es necesario tener certeza si esa transferencia se da porque en el exterior tienen un hijo que está estudiando o es una inversión en un seguro de salud internacional. Los montos no son exorbitantes, sin embargo, la frecuencia y la constancia de esa transferencia hace que existan precisiones en la Ley de la Contraloría General del Estado así como en estas leyes donde se debe establecer mecanismos de control, agregó.
Gina Godoy señaló que hay un aspecto que no constará en la ley como es la parte ética que tiene que acompañar al servidor público, no solo a la persona que acumula riqueza sino en general a todos los ciudadanos, porque se debe transparentar la actividad comercial, el destino de nuestros recursos.
Las personas que tienen un nivel de representación o que acceden al aparato público del Estado no deben asumir prácticas para evadir sus responsabilidades y sacar los recursos a paraísos fiscales, dijo.
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