El segundo debate del Proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público será mañana, 10 de mayo, a las 15:30. La presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, convocó a los asambleístas, para conocer y discutir el informe que preparó la Comisión de Relaciones Internacionales. Con la norma se pretende alcanzar la paz social.
El Proyecto consta de cuatro libros. En ellos se incluye la legislación que regirá la estructura, procesos y mecanismos que ejecutan las entidades de seguridad que están bajo la competencia del Gobierno Central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En el Libro I consta el articulado sobre la Policía Nacional, en el Libro II el Sistema Especializado Intregral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses; en el Libro III el Servicio de Protección Pública; y, en el Libro IV la Entidades Complementarias de Seguridad y Orden Público.
De acuerdo con el informe, en el diseño conceptual del Código, la Comisión tomó como punto de partida las políticas públicas diseñadas por el Ministerio Coordinador de Seguridad, con éxito en los últimos 10 años. Dice que enmarca a la seguridad ciudadana con un enfoque de respeto a los derechos de servidores y ciudadanía.
En cuanto a la Policía Nacional, señala que existe una alta inversión, que permite mayor presencia en el territorio, organización y coordinación, medidas de mejora, así como un cambio de doctrina dirigida hacia un acercamiento con la comunidad, haciéndola garante de sus derechos. Dice que con el Código esa política pública se la pretende elevar a ley.
Explica que, para mantener esos logros, en el Código se pensó en un diseño institucional basado en un sistema de prevención, inteligencia antidelincuencial e investigación. El Proyecto permite homologar en tiempo de servicios por rango entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Se estipula la posibilidad de que el personal operativo pueda ascender a los grados directivos.
En el Libro II, que contiene lo pertinente al Sistema Especializado Intregral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Proyecto también busca elevar a ley algunas disposiciones del Decreto Ejecutivo 759, que entre otros mandatos, crea el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, integrado por personal civil y policial especializado.
Este servicio será solo una parte del sistema, que se encarga de la parte técnico-científica de la investigación, concentrado en peritajes especializados, que aseguran objetividad. La Fiscalía es otra entidad del sistema. Será la que dirija la investigación pre procesal y procesal penal. En cambio, el Ministerio del Interior se encargará de la administración de las entidades que conforman este sistema. La Policía Judicial también es parte de este conjunto, que se encargará de la investigación operativa.
Con la norma se pretende la gratuidad de todos los servicios periciales forenses. Además, provee una base legal que aporte a la estabilidad laboral y profesionalización de los servidores.
Con el Libro III se crea el Servicio de Protección Pública. Con su personal civil, especializado y técnico se encargará de custodiar a las más altas autoridades y a las sedes de las cinco funciones del Estado. Esta función la cumplen en la actualidad 1.238 miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, entrenados para cumplir otras funciones, según el documento. Indica además que el servicio se sustenta en un ahorro a largo plazo y optimización de recursos. Pero, señala que la transición demorará unos 10 años.
Las Entidades Complementarias de Seguridad, que es parte del Libro IV, la integran los cuerpos de Vigilancia Aduanera; de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas; de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria; de Control Municipal, Agentes Civiles de Tránsito; y, de Bomberos.
Para estas entidades, el Código otorga una coherencia normativa a las funciones, procesos y mecanismos institucionales, así como homologación, hasta donde sea posible, especialmente en las entidades que brindan socorro. Pero, también plantea la posibilidad de que todas estas entidades coordinen acciones con las autoridades rectoras del Estado en materia de gestión de riesgos y control de desastres naturales para aprovechar todas las capacidades públicas.
LILA/pv
