En la sesión 453 del Pleno, convocada por la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, los asambleístas posesionarán a Carlos Baca Mancheno, como Fiscal General del Estado, para el período 2017-2023. En esta sesión también se conocerá la renuncia de Galo Chiriboga Zambrano y se tratará en primer debate el Proyecto de Reformas al Artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios.
En virtud de lo previsto en el artículo 48 del Reglamento de Concurso de Oposición y Méritos para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, notificó a la Asamblea Nacional la designación de Carlos Bladimir Baca Mancheno como Fiscal General para su posesión.
Dentro del proceso de selección de Fiscal General del Estado, la Comisión Ciudadana aprobó el informe de calificación de méritos y acción afirmativa de los postulantes, en el cual Baca Mancheno fue el único que obtuvo 50 puntos sobre 50. Los criterios de calificación fueron: formación académica, capacitación, experiencia profesional y específica, otros méritos y acción afirmativa.
Carlos Baca Mancheno obtuvo una nota total de 94/100 puntos. En la etapa de méritos obtuvo 50/50 puntos y en la prueba de oposición, 44/50.
Renuncia de Galo Chiriboga
Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado, desde el 10 de julio de 2011, en su carta dirigida a la Legislatura, argumenta que resolvió terminar con su función, a fin de facilitar los cambios de autoridades y que su despacho inició un proceso ordenado de transición hace tres semanas, aproximadamente.
Reformas a la Ley de Incendios
La Comisión de Desarrollo Económico preparó el informe para primer debate del Proyecto de Reformas al Artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios, con un solo artículo que establece que el tributo deberá ser cobrado por las empresas eléctricas previo convenio aprobado y el valor respectivo podrá recaudarse a través de una factura independiente de la que establece el costo del servicio eléctrico.
En el documento se argumenta que para atender de manera urgente la situación que enfrenta el Cuerpo de Bomberos se requiere una reforma que evite la afectación y debilitamiento mayor de la labor que realizan los bomberos ecuatorianos.
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