El tercer libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, referente a la creación de un Servicio de Protección Pública (SPP) fue el que generó mayor debate en el Pleno. La vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Dora Aguirre, explicó que en su naturaleza no se establece que este ente será armado.
Desde la oposición Luis Fernando Torres, Fernando Bustamante y René Yandún manifestaron que esta creación es inconstitucional porque viola el artículo 158 de la Constitución, que establece que las Fuerzas Armadas (FF.AA) y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
Pero, la parlamentaria Dora Aguirre replicó que el artículo 393 de la Ley Suprema manda que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia. Su coidearia Irma Gómez, aclaró que este Libro recoge garantías para que no se violen bajo ninguna circunstancia los derechos humanos.
Algo que no se hizo en el pasado, dijo la primera vicepresidenta del Parlamento, Rosana Alvarado. Recordó que en el gobierno de León Febres Cordero se realizó toda clase de violación a los derechos humanos con el establecimiento del Servicio de Investigación Criminal (SIC-10) y escuadrones volantes. En cambio, dijo que en el SPP solo podrá portar armas el círculo más cercano, el primer anillo, del personaje que está custodiando, pero bajo la autorización del Comando Conjunto de las FF.AA.
Además, aseguró que tendrá un control trimestral de la Asamblea Nacional, de sus gastos y decisiones. Dijo que su implementación no será inmediata, sino que puede desarrollarse después de una década.
Rosana Alvarado explicó otros logros que incluye el Código. Señaló que un guía penitenciario ingresaba y concluía sus actividades con un salario de 622 dólares, pero que con la nueva propuesta el ingreso será por encima de los 900 dólares y con posibilidades de que llegue a dos mil, porque se establece una estructura jerarquizada y con asensos.
En cuanto a la Policía Nacional, resaltó que el personal de tropa podrá ascender a la oficialidad, cumpliendo los suficientes requisitos y méritos. Además, contó que podrá estudiar como cualquier funcionario público. Señaló que se recoge el tema fundamental de la unidad familiar, por lo que los cambios tendrán que ser motivados, mientras que cuando se den traslados los gastos por esa remoción la deberá asumir el Ministerio de Seguridad.
La asambleísta Rocío Valarezo se refirió al Libro II, relacionado con el Sistema Especializado Intregral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Contó que se busca fortalecer la investigación técnico-científica en esta materia para la búsqueda de la verdad y objetividad. Manifestó que será la Fiscalía la que organizará y dirigirá el Sistema para la protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal. El Sistema incluirá un personal de investigación civil y policial.
Explicó que será un ente articulado y coordinado de subsistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, creado para apoyar a la administración de justicia.
En consecuencia, Rosana Alvarado acotó que la Asamblea entrega un Código moderno y armónico con las disposiciones constitucionales, que permite dignificar al ser humano, recortando las diferencias entre la tropa y la oficialidad y eliminando privilegios. Recordó que se debatió por seis años. Se ha dignificado a los policías acortando diferencias entre la tropa y la oficialidad.
LILA/pv
