El veto parcial al proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, posibilita que en el país se pueda desarrollar investigación científica directa de semillas transgénicas, pero también permite que el Ejecutivo tenga la capacidad de regular esa investigación. Al mismo tiempo, esa reglamentación propicia que instancias como la Asamblea, convoquen a autoridades para que rindan cuentas de cómo se controla el ingreso de semillas genéticamente modificadas o cultivos transgénicos.
Así explicó el presidente de la Asamblea, José Serrano, después de que el Pleno se allanara a las observaciones que realizó el Ejecutivo a este cuerpo legal. Con la sugerencia del Régimen se permite “el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional, únicamente para ser utilizados con fines investigativos”. Según el informe de la Comisión de Soberanía Alimentaria, esto permitirá “validar o rechazar alternativas inicialmente dirigidas a promover la soberanía alimentaria”.
El análisis realizado, desde la Presidencia y el bloque, corresponde a cómo logramos sostener la regulación alrededor de la soberanía alimentaria y salud agroalimentaria, aseveró el Presidente e indicó con un ejemplo paralelo cuál es la problemática.
Hizo referencia a los inconvenientes que se presentan alrededor del consumo y expendio de drogas, en la medida en que no se puede hacer ningún control, más allá de las acciones judiciales y policiales. Lo mismo sucede con un porcentaje de productos que ingresan al país por contrabando y se los comercializa, dijo. “Esa es la perspectiva que tenemos: la discrecionalidad con la que actualmente se manejan los temas de control, tienen que ver con aduanas, policía o judicatura. No podemos hacer ningún tipo de control que tengan que ver con la salud y otras instancias rectoras de agricultura y acuacultura”, sostuvo.
En cuanto a las semillas transgénicas, aseguró que “no se trata de comercialización”, porque la Constitución lo prohíbe. “Hablamos de tener la posibilidad de investigar semillas y poder hacer un análisis que nos permita avanzar en conocimiento, con una regulación adecuada, tomando todas las medidas de bioseguridad", enfatizó.
Caso Odebrecht
El Presidente del Legislativo, también se refirió a las investigaciones que se llevan a cabo sobre Odebrecht. Dijo que es de carácter judicial, pero que la Asamblea tiene la facultad de realizar control político a los personeros de la Función Judicial, por lo que la próxima semana convocará al Pleno al Fiscal General, Carlos Baca, para que explique “todas las acciones que se realizan alrededor de esta investigación” y, sobre todo, en la determinación de responsabilidades de funcionarios, exfuncionarios y empleados privados que puedan estar involucrados.
Aclaró que se analizará si la información puede ser pública o manejada de forma reservada, en el caso de que existiera algún impedimento legal. Explicó que la convocatoria tiene como objetivo que todas las bancadas políticas conozcan en qué estado se encuentra esa investigación para que no haya impunidad y poder dar una muestra fehaciente de que se hace control político.
En cuanto a la prohibición de que Odebrecht opere en nuestro país, aseveró que el tema tiene varias connotaciones, pero que desde su punto de vista, sería inadmisible que una empresa que corrompió a funcionarios públicos y privados, siga operando en Ecuador. “Se violentó la fe pública de las y los ecuatorianos. Cuidado vamos a creer que por un acuerdo con el Estado una empresa puede seguir en el país como que no ha pasado nada. Incluso, por un poco de ética, no debería estar en el país”, manifestó.
Ley que regula las redes sociales
Sobre el proyecto de Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, el presidente Serrano informó que el cuerpo legal se encuentra publicado en la página web de la Asamblea y que se abrirá el debate “el tiempo que sea necesario”. “Lo importante es que podamos recibir la mayor cantidad de observaciones, debates, consensos y disensos. Es una ley que tenemos que trabajarla a mediano plazo para que proteja los derechos de los ciudadanos”, acotó.
LILA/pv
