Esta mesa legislativa, presidida por el asambleísta Jorge Corozo Ayoví, definió la matriz y agenda legislativa para los próximos 100 días. Cinco son los proyectos que la Comisión de Derechos Colectivos tratará en los próximos tres meses.
Así, los proyectos de Ley de los Derechos Lingüísticos de Pueblos y Nacionalidades; de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; para una Adolescencia Libre de Castigo Físico, Tratos y Penas Degradantes, así como las reformas a la Ley de Comunicación sobre normas deontológicas para la equidad de género, serán los abordados.
La mesa parlamentaria recibirá a Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, para el análisis del articulado del proyecto de Ley del Sistema de Protección y Promoción de Derechos. Esta reunión se efectuará tentativamente en la segunda semana de julio.
Lenín Plaza, representante de Esmeraldas, propuso la reactivación del tratamiento en el Pleno, del proyecto de Ley de los Derechos Colectivos de los Pueblos Negros o Afroecuatorianos.
El Titular de la Comisión afirmó que la tarea legislativa contempla al menos cinco ejes: interculturalidad, equidad de género, visión generacional, participación ciudadana e inclusión social, para beneficio de las grandes mayorías del país.
Reconocer, garantizar y transversalizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades con tradición lingüística propia, es el objetivo del proyecto de Ley que lleva su nombre. El Estado garantizará la protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales.
El proyecto de Ley de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores busca garantizar los derechos del adulto mayor, en el marco del principio de atención prioritaria y especializada, así como la creación de mecanismos de promoción y protección de sus derechos dentro de una sociedad incluyente y equitativa para todas las edades.
Mientras que el proyecto de Ley para una Adolescencia Libre de Castigo Físico, Tratos y Penas Degradantes persigue la prevención y la prohibición del uso de la fuerza física, castigo físico, tratos y penas degradantes como medida disciplinaria, correctiva o de sanción, así como acción dentro de los métodos de enseñanza contra niños, niñas y adolescentes.
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