Parlamentarios de diferentes bancadas políticas expresaron la necesidad de legislar para prevenir todo tipo de acoso laboral. Esto lo expresaron durante el primer debate del proyecto de ley que pretende tipificar esta figura y que regresó a la Comisión de los Trabajadores para que continúe con su tratamiento, recogiendo las observaciones planteadas en el Pleno.
El proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo para Prevenir el Acoso Laboral pretende fortalecer los derechos de los trabajadores, regulando el hostigamiento laboral en los sectores público y privado. Este elemento se considera como un motivo para que se pueda dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno. Al mismo tiempo, establece una indemnización por despido ineficaz, además de la intempestiva. La primera corresponde al valor de un año de remuneración que venía percibiendo el trabajador.
Esta reforma en las dos normas fue una de las que generó observaciones. Raúl Auquilla, proponente de la iniciativa legal, pidió que, antes de que se inicie el trámite para la terminación del contrato, se incorpore la posibilidad de contar con una audiencia de conciliación para evitar que el afectado pierda su empleo. Este mismo pedido lo realizó Juan Cárdenas. Los legisladores no creen que sea justo que el perjudicado únicamente reciba una compensación, sino que es fundamental conservar su derecho al trabajo.
Pero ese derecho al trabajo debe complementarse con el derecho a vivir en un mundo y ambiente libre de violencia y acoso, enfatizó María Belén Marín. Aseveró que estos son aspectos comunes de la legislación y que por esa razón se debe garantizar un enfoque inclusivo en la Ley. La legisladora pidió que en el proyecto se defina los términos de violencia y acoso. La conceptualización de este último vocablo también la propuso Vicente Taiano, con el fin de “tener clara la conducta de lo que se va a sancionar”.
Este planteamiento tuvo el respaldo de Juan Cárdenas, quien sugirió una definición. Dijo que es una conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador, por parte del empleador, familiar, representante o compañero, encaminada a instaurar miedo, intimidación, terror y angustia para generar desmotivación e inducir a la renuncia del cargo. La consideró una actuación discriminatoria, por diferentes razones.
Por su parte, Taiano mencionó que se debe ir más allá de la sanción del acoso laboral y recomendó que se valoren las consecuencias que se pueden generar producto de la denuncia, pedido del visto bueno o conciliación para también castigarlas.
Este legislador reiteró que el hostigamiento laboral es una realidad que existe y que no se encuentra tipificada, por lo que es indispensable introducirla, porque tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Constitución establecen garantías mínimas para que un empleado pueda desarrollar sus actividades.
“Hay que revisar permanentemente la normativa”, agregó Rubén Bustamante. Queremos que se cumplan los derechos del trabajador de forma efectiva y esta reforma está en esa línea, acotó. Hizo referencia al artículo 66 de la Constitución, que se reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como al artículo 326 sobre el derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garanticen su salud, integridad y seguridad.
LILA/pv
