La situación del acoso laboral es crítica y alarmante. Según datos estadísticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 10 % de la población trabajadora mundial sufre de este tipo de maltratos y hostigamientos.
Bajo estos antecedentes, el asambleísta Raúl Auquilla, autor del proyecto de reforma al Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) que tipifica el delito de acoso laboral en la legislación ecuatoriana, consideró que el tema merece una respuesta urgente y efectiva de parte de la Asamblea Nacional, más aún cuando la OIT ha calificado a esa problemática como una especie de epidemia.
En diálogo con La Radio de la Asamblea Nacional, el parlamentario lojano dijo que incluso el 15 % de los suicidios en el mundo son producto o consecuencia de acoso laboral, de acuerdo con datos de expertos en la materia.
Puntualizó que la normativa existente en el país es casi nula, vaga y muy imprecisa. Si bien el tema consta en el Código del Trabajo y en la Ley de Servicio Público, no con la fuerza necesaria para enfrentar la gravedad del conflicto. En la propuesta se trata de poner freno a toda clase de hostigamiento psicológico, que mina, poco a poco, la voluntad, la psiquis de un trabajador y que generalmente se utiliza para obligarle a renunciar sin concederle la indemnización correspondiente, en la mayoría de veces, lo que es algo totalmente injusto.
Se establece que, cualquier hostigamiento laboral tiene que generar una solicitud de visto bueno de la persona acosada, para poder retirarse con dignidad y la indemnización económica. Obligatoriamente la autoridad competente deberá convocar a una audiencia de conciliación a las partes involucradas para, de esta manera, buscar una solución que permita al servidor mantener su empleo.
El Ecuador sería uno de los primeros países en el mundo en adoptar medidas legales para frenar el acoso laboral, ya que se ha evidenciado que no hay legislación comparada al respecto.
Finalmente, Auquilla se mostró optimista que el informe para segundo debate se presente inmediatamente y que la reforma, como tal, se haga realidad en el menor tiempo posible con el respaldo unánime de los partidos y movimientos políticos para favorecer a los trabajadores públicos y privados.
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