La lucha contra la corrupción no tiene tregua en la Asamblea. El Pleno inició el juicio político en contra del ex contralor general del Estado, Carlos Pólit. Para su censura se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento, es decir, 69 votos.
La Comisión de Fiscalización recomendó el inicio del proceso, porque verificó que existió incumplimiento de funciones constitucionales y legales, falta de probidad en el ejercicio de sus funciones públicas, falta de valores, falta de principios y de profesionalismo, por parte del exfuncionario.
El proceso inició con dos lecturas, una del informe presentado por la mesa legislativa y otra del documento enviado por el excontralor, como parte de su defensa. Inmediatamente, se dio paso al interpelante Daniel Mendoza, quien expuso sus argumentos y después al debate.
La Secretaría General comunicó que, a través de la información remitida por la Contraloría, se notificó al exfuncionario en su domicilio, por correo electrónico y mediante publicaciones en los principales diarios de circulación nacional, el viernes, sábado y domingo, para que comparezca a las 15:00, sin embargo hasta las 15:45 no se ha hecho presente.
Mendoza, propuso que, como parte de su defensa, se permita dar lectura al escrito presentado por Pólit durante el proceso. En esa misma moción, explicó que el exfuncionario presentó al Parlamento la renuncia, pero pidió continuar con el juicio político, cuya solicitud recibió el respaldo de todos los legisladores, los 133 presentes.
Con esta aceptación, en cumplimiento de su rol fiscalizador, el Pleno continúo con el trámite. El mismo forma parte de una resolución que aprobó el Pleno, por unanimidad, el pasado 6 de junio, en la que declararon el combate contra la corrupción y ratificaron su compromiso por la transparencia y ética publica.
Según el documento de Fiscalización, el juicio político encarna una dimensión moral, es decir, existen conductas que si bien no han logrado violar ninguna normativa legal desde el ámbito moral, social y político son altamente reprochables y sancionables. La Asamblea, como máximo representante de la voluntad popular, debe resolver si sanciona al funcionario con la cesura. La destitución, que también manda la Ley, no es necesaria, porque el excontralor ya renunció.
De este proceso político se podrían derivar indicios de responsabilidad penal, en el que se sancionan los actos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (Coip). Podría sumarse a la investigación penal que sigue la justicia ordinaria por presunto delito de concusión o iniciar otra.
LILA
