La conducta de Carlos Pólit Faggioni como contralor del Estado evidencia un ejercicio antiético del poder público en franca afrenta a la dignidad popular, demostrando falta de probidad, honestidad, valores, principios y profesionalismo. Le corresponde censurar a la Asamblea Nacional, afirmó el asambleísta Daniel Mendoza, al fundamentar sus acusaciones.
La Contraloría General del Estado no ha realizado examen especial alguno a los patrimonios de dos detenidos; en los informes de Auditoría de los 33 contratos a la empresa Odebrecht no recomienda, en temas administrativos, ningún indicio de responsabilidad. La Fiscalía General se encuentra investigando penalmente al excontralor Carlos Pólit, por lo que la Asamblea no necesita más argumentos, manifestó.
A su criterio, es responsabilidad de todos los asambleístas sancionarlo y censurarlo, ya no destituirle, porque ya está renunciado, ya que favoreció a la empresa Odebrecht. Cómo no mirar con indignación que el domicilio de uno de los más altos funcionarios públicos, con una importantísima función a su cargo, como es el control del uso de los fondos públicos, sea objeto de un operativo judicial a la madrugada por parte de la Policía y la Fiscalía, argumentó.
Tras señalar que Carlos Pólit traicionó la confianza de todo el país, tomando a la ligera su rol como Contralor General respecto de la transparencia del uso de los fondos estatales, expresó que los 16 millones de ecuatorianos exigen un país transparente sin corrupción. Hay que tomar acciones determinantes y definitivas para sancionar a quien no ha cumplido una de las funciones más importantes para el Estado, como es el control de los recursos públicos del país.
Incumplimiento de funciones
Indicó que el excontralor inobservó el Art. 4.1 del Código de Ética de dicho organismo, que reza: La Contraloría General del Estado, en consonancia con el Mandato Constitucional, misión y visión institucionales, debe mantener los siguientes valores, como orientación de su labor cotidiana y como expresión de la mejor disposición para el servicio al país y a la ciudadanía.
Entre las pruebas con las que sustentó la acusación contra Pólit, presentó la certificación en la que consta el registro de asistencias de Pólit, desde el 26 de diciembre de 2016 al 29 de junio de 2017, en la que consta que el funcionario, de un total de 134 días registra 46 días de cumplimiento de sus labores que implica un 34.32 % de asistencias; 15 días en comisión de servicios (11.20 %) y 73 días de vacaciones correspondientes a un 54.48 % de ausencias.
También detalló los 33 informes de auditoría a contratos suscritos con Odebrecht, de los que se desprenden recomendaciones, mas no indicios de responsabilidad penal, lo que evidencia un claro incumplimiento de las funciones de control, lo cual es inaudito.
Hechos que motivaron el juicio
A inicios del año 2016, en el caso Lavajato, en Brasil, se emitieron órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de Odebrecht por múltiples actos de corrupción. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación a Odebrecht, donde se le acusa de pagar sobornos a funcionarios públicos de 12 países, en los que consta Ecuador.
En virtud de estos hechos y fruto de las delaciones de varios funcionarios de Odebrecht, la Fiscalía inició una investigación, dentro de la cual se realizó un operativo la madrugada del 2 de junio de 2017, en la que se allanaron varios bienes inmuebles, entre ellos el del entonces contralor, Carlos Pólit, en la ciudad de Guayaquil, y una suite en el Swisshotel de Quito, recordó.
Igualmente, señaló que sobre Pólit existe una investigación penal y en los últimos días se dictó una orden de detención, por el presunto delito de concusión que, conforme el Art. 281del Código Orgánico Integral Penal, consiste en ordenar o exigir beneficios de carácter económico o de otra índole, abusando de su potestad en la institución pública a su cargo.
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