Hasta el momento, 21h30, en todas las intervenciones, los asambleístas aseguraron estar de acuerdo con la censura a Carlos Pólit, excontralor de la Nación. La asambleísta Marcela Aguiñaga expresó que no es motivo de orgullo que hoy se juzgue a quien era el encargado de velar por el buen uso de los recursos del Estado.
A su criterio es bochornoso que hasta el momento Pólit no se presente e insistió en que justamente por este tipo de casos el pueblo decidió que los candidatos y funcionarios no puedan tener dineros en paraísos fiscales.
El legislador Raúl Tello se mostró de acuerdo con la censura y pidió que no únicamente se fiscalice al excontralor, sino también a quienes no hicieron nada frente a los hechos de corrupción, pues aseguró que en los informes de Contraloría existían indicios de responsabilidad penal, pero dijo que la Fiscalía los desestimó.
“Hay más responsables, pero no tiene sentido iniciar acciones políticas y penales, cuando los involucrados ya no están en el país. Tendrían que existir agravantes cuando se producen hechos de corrupción como los que hoy analizamos”, indicó Tello.
Para la parlamentaria Lira Villalba, hay que recordar que el excontralor no solo fue funcionario del anterior gobierno, sino también ministro de Lucio Gutiérrez, gobernador y secretario de la Presidencia de la República y calificó como histórica a la oportunidad de sentar un claro precedente.
Insistió en que existen pruebas para asegurar que el excontralor no cumplió sus funciones. Villalba, reiteró que el país no esperaba que Pólit trabaje medio tiempo y mucho peor, que esté involucrado en uno de los casos más vergonzosos en la historia de Ecuador, por lo que no se espera que regrese de vacaciones, sino que responda por sus delitos.
Ahondar en pruebas
Henry Cucalón también es partidario de la censura, pero cree que el juicio no debe ser una correlación de fuerzas. “Estamos atentos para que este juicio político no sirva para ocultar todo lo ocurrido en el tema de contrataciones. Hay que ahondar en otras pruebas presentadas, pues si no se daban las delaciones, aquí no sabíamos nada”, aseguró. Además, culpó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por no comprobar la probidad y el desempeño de las funciones del excontralor.
Guillermo Celi explicó las diferencias entre un juicio político y uno penal y aclaró que el primer caso se da cuando existen conductas que no violan normas legales, pero sí se van en contra de lo ético y moral y son altamente reprochables. También se refirió al Cpccs y dijo que no cumplió su cometido, por lo que hay que eliminar al llamado quinto poder.
“Estamos para decir que somos un país de gente honesta. Nadie ha facilitado el encubrimiento de ninguna persona. Debemos establecer la muerte civil, para que los sancionados por este tipo de delitos nunca más puedan volver a ser funcionarios públicos”, aseguró el legislador Hermuy Calle.
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