El mensaje de los asambleístas al país es que desde la Asamblea se promueve el combate a la corrupción, la transparencia y la ética pública. Tomar acciones que den un mensaje claro que todo funcionario debe cumplir los principios y disposiciones constitucionales y legales, sin excesos ni abusos de ninguna naturaleza.
En este sentir unánime, el legislador Eliseo Azuero señaló que se une a la decisión de combatir la corrupción. El Contralor ha engañado a todo el pueblo ecuatoriano y debe ser censurado; mientras que Manuel Ochoa resaltó que el juicio político se enmarca en lo que establece el artículo 131 de la Constitución, por tanto, la Legislatura ha respetado el marco jurídico y el debido proceso.
Además, destacó que desde la Asamblea Nacional se promueven acciones como es la lucha contra las empresas de papel y paraísos fiscales que debe ser un compromiso del ciudadano y de los actores políticos. Propuso reformar el Código de la Democracia y la Ley de Transparencia y Control Social para que a las personas que fueran censuradas se les aplique la muerte civil y no puedan ejercer cargo público.
Estamos decididos a seguir el combate a la corrupción y decirle al pueblo la verdad, sostuvo Mae Montaño al proponer que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, argumentando que no tiene probidad ni profesionalismo. Es necesario cambiar los mecanismos de designación de las principales autoridades.
Hay que transparentar el quehacer público. No solo falló la Contraloría, sino también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que mostró inoperancia, no cumplió el mandato constitucional, expresó de su lado la legisladora Wilma Andrade.
Esta vez insistió en la petición al presidente de la República, Lenín Moreno, para que convoque a consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La primera vicepresidenta de la Legislatura, Viviana Bonilla recordó que el expresidente Rafael Correa fue quien pidió examen especial a su patrimonio y que en el 2007 el Congreso aprobó una terna proponiendo a Carlos Pólit para Contralor. Este funcionario incumplió las funciones encomendadas establecidas en el artículo 131 de la Constitución, numeral 9.
Necesitamos una reforma urgente. La sola censura como sanción política no es suficiente; quienes no han logrado demostrar eficiencia y transparencia, nunca más pueden ocupar un cargo público, finalizó.
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