En la sesión 80, el Pleno de la Asamblea, tramitó en primer debate el proyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, por el cual se norma el sistema de vacaciones en la Función Jurisdiccional, retomando el concepto de vacancia judicial (dos veces al año, por 15 días cada una); el régimen disciplinario de las servidoras y servidores judiciales, las competencias del Fiscal subrogante, sanción por faltas reiteradas, procedimiento en caso de reparación de daño moral, licencias sin remuneración, principio de especialidad, mayor atención a víctimas de delitos, entre otros aspectos.Varios sectores legislativos se mostraron favorables a las enmiendas, sobre todo en lo que tiene que ver con retomar el concepto de vacancia judicial, que permite organizar de mejor manera los períodos vacacionales de los operadores de justicia, puesto que en la actualidad, cuando un funcionario se acoge a sus 30 días de descanso que por ley le corresponde, no hay nadie que pueda mover un solo juicio que está en sus manos y, al momento de su retorno se presenta una acumulación de asuntos por despachar.
Explicaron que, los jueces, abogados y usuarios reclaman que se restablezca la vacancia, con lo cual se sabrá a ciencia cierta durante qué períodos no habrá despacho de justicia, sin que ello provoque molestias a las partes procesales.
Recordaron que, de ninguna manera, se dejará de atender a quienes requieran de la actuación de los jueces, puesto que se mantendrán de turno los juzgados de garantías penales, los de niñez y adolescencia; y, de trabajo. En caso de que se propongan acciones de carácter constitucional, como la acción de protección, de hábeas corpus, entre otras, éstas serán conocidas exclusivamente por los juzgados de turno, por lo que los usuarios no quedarán en indefensión.
Así mismo, se hizo hincapié en que estas reformas deben ir concatenadas con las enmiendas penales, a fin de lograr que los operadores de justicia cumplan oportunamente sus obligaciones y que para aquellos que retarden la justicia y permitan, por ejemplo, la caducidad de la prisión preventiva, se apliquen sanciones ejemplares.
Los asambleístas tomaron como base el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que tomó en cuenta los siete proyectos calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El organismo recibió las observaciones del Ministerio de Justicia, del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), de los presidentes de las Cortes Provinciales de Cotopaxi, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha y de docentes de las universidades Técnica Particular de Loja y Andina Simón Bolívar, a más de aportes de la ciudadanía, como parte del proceso de socialización.
Los asambleístas tienen tres días para remitir, por escrito, sus observaciones, a fin de que la Comisión de Justicia las analice, sistematice y, de ser el caso, las incorpore al informe para segundo debate, que debe ser presentado dentro del plazo de 45 días.
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