El financiamiento de las universidades y la categorización fueron las principales preocupaciones que expusieron los representantes de varias universidades durante un diálogo con los miembros de la Comisión de Educación. Esta mesa acudió a Milagro-Guayas para receptar criterios en cuanto a las reformas a la Ley de Educación Superior.
El presidente, Augusto Espinosa, expuso algunas temáticas que han logrado consensos y otras que aún están en debate. Acotó que hay acuerdos en cuanto a la meritocracia y oportunidades para el acceso a las universidades.
Se plantea que el examen Ser Bachiller sea construido por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y, quien obtenga un buen puntaje, obtendrá un cupo directo a la educación superior. En caso contrario, tendrá la oportunidad de nivelarse a través de un curso propedeútico gestionado por las universidades, pero financiados por el Estado. Se analiza el contenido.
El examen Ser Bachiller, afirmó Amapola Naranjo, será uno de los requisitos para obtener el título de bachiller. A este, se le sumará el promedio de los últimos tres años de estudio y los exámenes de grado. Explicó que se propone que los colegios también entreguen un certificado de orientación vocacional, que no será vinculante en el momento de escoger su carrera.
En cuanto al fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, aseguró que se entregará a este sistema un título de tercer nivel técnico y existirá la posibilidad de avanzar hacia una especialidad técnica. Aclaró que la ley actual permite la homologación de materias para hacer carrera en la universidad.
Propuestas de autoridades universitarias
Fabricio Guevara, rector de la Universidad de Milagro, solicitó que promuevan líneas de crédito para las universidades, que tienen capacidad de pago. Sin embargo, para que haya más autogestión, en cuanto a la competencia desleal, pidió que haya una excepción para las actividades de consultorías, mismas que deben tener un mercado similar al que se maneja para la economía popular y solidaria.
Con el fortalecimiento de la autogestión económica coincidió Joaquín Hernández, de la Universidad Espíritu Santo. Además, habló de una mayor autonomía en todos los ámbitos. Sobre la categorización de las entidades de educación superior, sostuvo que este mecanismo causa daño a las que están menos situadas, porque se les restringen ciertos elementos, como el financiamiento, y se vuelve un círculo vicioso.
“No conozco en el mundo que haya esas categorizaciones”. Hay contradicciones porque se pretende que las que tienen menos calificación se superen con menos recursos. Además, esa evaluación se da con un sistema punitivo. Estamos de acuerdo que las universidades se ganen el prestigio, pero con base a seriedad y eficiencia, señaló Pablo Ulloa, de la Universidad Técnica de Ambato.
Espinosa recomendó que la evaluación apunte hacia indicadores de resultados e impacto y que sea diferenciada. Además, en el encuentro se analizó la posibilidad de que esa evaluación sea voluntaria, y que se configure en un instrumento que vaya hacia estándares de carácter internacional, regional y nacional.
LILA/pv
