La asambleísta Johanna Cedeño explicó los alcances de su proyecto del Código del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, a través del cual sugiere fortalecer el mismo en su capacidad de rectoría y de control de los procesos de participación en todos los niveles de gobierno.
Esto incluye, dijo la legisladora, normar su capacidad de sancionar los incumplimientos y de emitir, respetando la autonomía de los gobiernos locales, criterios mínimos para garantizar el uso libre y autónomo de los mecanismos e instancias de participación y control social, como la silla vacía o las asambleas ciudadanas.
Explicó que el Consejo de Participación Ciudadana podrá sancionar el incumplimiento por parte de las autoridades y funcionarios de los gobiernos autónomos (GAD), con respeto al debido proceso.
Johana Cedeño planteó también la obligación de los GAD de asignar, al menos, el 15% de su presupuesto de inversión, al presupuesto participativo. Reconoció, además, el deber del Estado en tener un Registro Único de Organizaciones Sociales.
Igualmente, aclaró la forma en que se articula la participación ciudadana, que debe ser autónoma, con la planificación dentro de los diferentes niveles de gobierno. La misma que, a más de incorporar a delegados de las asambleas ciudadanas, están obligados, constitucionalmente, a incorporar a otros actores, esto es, autoridades electas, representantes de las direcciones del gobierno central, entre otros.
El proyecto consolida en un solo cuerpo legal la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2009) y la Ley de Participación Ciudadana (2010). También reforma otras leyes conexas, a fin de armonizarlas con los contenidos del nuevo cuerpo legal como el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de Educación Superior, de Comunicación y Código de la Democracia.
Estos criterios fueron expuestos en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, de la cual Johana Cedeño fue su presidenta en el período anterior.
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