El Protocolo de Nagoya, adoptado en octubre de 2010, que está listo para la discusión en el Pleno de la Asamblea, beneficiará al Ecuador, ya que establece un tratamiento adecuado, así como el control de los conocimientos genéticos, subrayó Doris Soliz, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en la reunión informativa sobre este convenio, dirigida a los asambleístas de distintas bancadas.
En el encuentro organizado por el Ministerio del Ambiente, la legisladora Soliz explicó que existe polémica en torno a este instrumento, debido al lobby protagonizado por organizaciones ambientalistas con posturas radicales que señalan la necesidad de evitar el uso de recursos genéticos, algo que suena bien en teoría, pero que es imposible en la práctica.
Enfatizó que al Estado le corresponde regular el uso y los beneficios que se obtienen de los recursos genéticos para los propios países, con énfasis en las comunidades indígenas, hay que contar con acciones claras de conservación de esa biodiversidad, lo cual es posible con este convenio. “No sacamos nada bloqueando la ratificación de un convenio que va a beneficiar al Ecuador”, reiteró.
La legisladora recordó que nuestro país fue uno de los primeros en firmar este instrumento. En la actualidad, son 100 los países los que se han adherido al mismo, de los cuales 12 son de América Latina y el Caribe, entre ellos, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Cuba, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Entre tanto, Alejandro Lago, gerente del Proyecto Global de Acceso a los Recursos Genéticos y Reparto Justo y Equitativo de los Beneficios que se Deriven de su Utilización, por videoconferencia, explicó los alcances y beneficios del Protocolo de Nagoya, pues si bien Ecuador cuenta con normativa interna para regular los recursos genéticos, la ratificación de este convenio permitirá hacer un seguimiento del uso de los mismos en cualquiera de los países que forman parte.
Concretamente, dijo, Ecuador alcanzaría tres beneficios: obtener información y dar seguimiento del uso de los recursos genéticos, hacer cumplir la legislación nacional en los países parte del convenio, y revisar su legislación con procedimientos y mecanismos de acción más dinámicos. Destacó, además, la obligación de someter al consentimiento fundamentado previo a la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales en torno al acceso de los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos.
De su lado, Tarsicio Granizo, ministro del Ambiente, informó que, hace pocos días, conoció el centro Jambatu, que realiza análisis de sudado de la piel de rana en investigaciones biotecnológicas para aislar moléculas que podrían ser utilizadas en un futuro en aplicaciones biomédicas. Además, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) se desarrollan investigaciones biotecnológicas, “lo que podrá potenciarse con la ratificación del Protocolo de Nagoya”, dijo.
Aseguró que una de las principales metas del Ministerio del Ambiente es que el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) provenga de la venta y exportación de productos derivados de la conservación de los recursos biotecnológicos.
El ministro concluyó explicando que si se quiere salir del extractivismo, se debe insertar la biodiversidad en el cambio de la matriz productiva.
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