El seguimiento a las acciones que las distintas entidades hacen para cumplir la Resolución de Respaldo a los migrantes deportados no se detiene. La Comisión de Relaciones Internacionales escucha a las autoridades relacionadas con el tema, con el objetivo de saber en qué parte del proceso se pueden emprender mecanismos para que el retorno obligatorio de los ecuatorianos no se convierta en una experiencia traumática. Según las cifras, cada semana arriban a Ecuador entre 100 y 150 compatriotas.
Patricio Benalcázar, defensor del Pueblo subrogante, dijo que, a pesar de las acciones que llevan adelante, todavía existen filtros que no los pueden pasar, como el que un funcionario no puede acompañar a los ecuatorianos deportados durante todo el trayecto de regreso. Existen versiones que apuntan a pensar que son objeto de maltrato en el avión que los trae de vuelta. Sin embargo, por ahora son solo hipótesis.
Embajador de Estados Unidos estará en la Comisión
La asambleísta Paola Vintimilla mantuvo acercamientos con el Embajador de Estados Unidos en Ecuador y, según dijo, negó que se maltrate a quienes se ven obligados a retornar. Los legisladores acordaron que es importante que el diplomático esté en la comisión para explicar más a fondo cómo se lleva a cabo el proceso y escuchar la otra parte de la historia. Él está de acuerdo en asistir, pero aún no se coordina una fecha.
Uno de los planteamientos en los que trabajarán es la creación de una oficina en los aeropuertos, en donde estén involucrados los ministerios de Relaciones Exteriores, Inclusión Económica y Social, Justicia y Derechos Humanos, además de la Defensoría del Pueblo y el Registro Civil.
Esta última se sumaría para facilitar el documento de identidad, porque cuando llegan al país no tienen documentos y es imposible que aborden a una aeronave que los traslade hasta las diferentes ciudades del país o que lo hagan mediante la vía terrestre, por los controles de documentos que existen en las carreteras.
Benalcázar hizo notar que ellos se enteran antes de las deportaciones. Al ser así, se pueden activar los organismos involucrados para recibir a los migrantes deportados. “Debemos tener una presencia fuerte que concrete las políticas públicas, esto en la fase de emergencia, pero en la del desarrollo del proyecto de vida hay que tener una mesa de trabajo interinstitucional, sobretodo en lo social”, replicó. También pidió que en la Agenda Nacional de Movilidad se incorpore el tratamiento a los migrantes en el exterior y a aquellos que retornan.
Un cuello de botella
La camisa de fuerza, por ahora, es que a pesar de que la Ley de Movilidad Humana se aprobó en la Asamblea, todavía no existe el reglamento para ejecutarla. Sin embargo, para los parlamentarios esto no puede ser pretexto para incumplir derechos, por lo que acordaron construir una red de respuesta de políticas públicas que permita actuar de inmediato, pues en el tema de deportaciones no existen horas, por lo que es necesario que los involucrados se activen cuando sea necesario.
Para la próxima semana estará en la comisión Paúl Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas, que también tiene a su cargo los aeropuertos. Con él se pretenden analizar los mejores mecanismos para que se monten las oficinas interinstitucionales en las terminales aéreas de Quito y Guayaquil.
Por ahora, los asambleístas esperan que el trabajo se refuerce una vez que tengan el reglamento que permita ejecutar la Ley de Movilidad Humana.
MC/pv
