La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Marcela Aguiñaga Vallejo, inició este lunes 17 de julio el estudio sistematizado de las propuestas de reformas a la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, sobre la base de los proyectos presentados, entre otros, por los exlegisladores Henry Llanes, Antonio Posso Salgado y Bayron Pacheco, así como por Juan Pablo Pozo Bahamonde, actual titular del Consejo Nacional Electoral.
Dichas propuestas abordan temas relacionados con la designación de los vocales de la máxima instancia electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, el funcionamiento del Instituto de Capacitación Electoral, las atribuciones del Presidente del Consejo Nacional Electoral, las juntas intermedias, su integración y el fortalecimiento de la participación de ciudadanos entre 18 y 35 años como candidatos en las elecciones pluripersonales.
En el caso de la designación de los miembros del Consejo Nacional y del Tribunal Contencioso Electoral, el planteamiento del exasambleísta Llanes prevé la prohibición de que los postulantes pertenezcan o hayan pertenecido a partidos políticos, o hayan sido funcionarios públicos.
La mesa solicitó que se realice un estudio de la viabilidad constitucional de esta disposición.
Entre las reformas planteadas por el Presidente del Consejo Nacional Electoral, consta la armonización del nombre del Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político Electoral, con el texto del Art. 219, numeral 13, de la Constitución. También, normas que buscan dar agilidad al proceso de escrutinio y una adecuada capacitación para los miembros de las juntas receptoras del voto.
La mecánica utilizada para el estudio contempla la lectura del o de los artículos vigentes y la propuesta de reforma, a fin de que los miembros de la Comisión puedan establecer la pertinencia de los cambios y formulen las observaciones que consideren necesarias.
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, expresó la disposición del organismo para analizar, exhaustivamente, las reformas planteadas, con el objetivo de producir un informe que contribuya al fortalecimiento del sistema electoral en el Ecuador.
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