La Amazonía constituye un modelo de desarrollo sostenible en el que prima la conservación de su diversidad ecológica y su patrimonio: “Existe un ejercicio pleno de los derechos de su población con pertinencia territorial y el fortalecimiento de las capacidades locales, además de la diversificación de la matriz productiva dentro del contexto nacional y de la cuenca amazónica para la consecución del Buen Vivir”, señaló Carla Molina, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), ante la Comisión de Biodiversidad.
La funcionaria trabajó el contenido del Plan Integral y de los lineamientos del ordenamiento territorial en lo social, económico, ambiental y cultural, los cuales forman parte del proyecto de Ley Especial Amazónica.
Según su criterio, los principales problemas encontrados en la región son la desigualdad en la distribución primaria y secundaria de los ingresos, lo que dificulta el cierre de brechas; la degradación de ecosistemas y fragmentación de hábitats por actividades primarias, la alta dependencia de actividades extractivas primarias con poca agregación de valor, y el manejo ambiental/social inadecuado.
Indicó que la Amazonía tiene potencialidades como la abundancia de recursos naturales, alta capacidad sociorganizativa y asociativa, además de un alto potencial para la formación de bioconocimiento. Sobre los mismos se estableció, como objetivos de desarrollo, el fortalecer la institucionalidad del Estado en todos sus niveles con pertinencia territorial en la zona.
También, garantizar los derechos individuales y colectivos con énfasis en los grupos de atención prioritaria y vulnerables, pueblos y nacionalidades; así como revalorizar los conocimientos ancestrales y el bioconocimiento con el objetivo de generar capacidades y oportunidades para el desarrollo local.
Así mismo, fortalecer la seguridad integral con énfasis en la seguridad transfronteriza, gestión de riesgos de desastres y seguridad ciudadana, fomentar la diversificación productiva, el uso responsable y sustentable de los recursos renovables y no renovables, y la especialización del talento humano.
El objetivo es reducir el déficit habitacional cuantitativo de la vivienda, incrementar el porcentaje de hogares con acceso a red pública de agua, el porcentaje de personas entre 16 y 24 años con educación básica completa, de personas entre 18 y 24 años con bachillerato completo, y el porcentaje de personas afiliadas a la Seguridad Social contributiva.
Esta región cuenta con 6 provincias, 41 cantones, 206 parroquias, 17 áreas protegidas que corresponde al 52 % del territorio ecuatoriano y 11 nacionalidades.
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