En conversación con los representantes de los medios de comunicación, la legisladora Doris Soliz se refirió al caso Odebrecht. Aseguró que el proceso de investigación de los elementos de corrupción de la constructora sigue en manos de la Fiscalía y que como Asamblea trabajan en la delegación multipartidista. Igualmente, insistió en que la empresa constructora debe salir del país. Ya mantuvieron reuniones con el fiscal general, Carlos Baca, quien facilitó información reservada como parte del proceso de pruebas.
“Al no ser nosotros los jueces, lo que nos corresponde es una fiscalización de carácter político y la propuesta de una nueva normativa que blinde al Estado ecuatoriano y a las instituciones de estos mecanismos contra la corrupción”, dijo Soliz, quien informó de cambios como la recomendación de la muerte civil de los funcionarios públicos que de forma comprobada hayan incurrido en casos de corrupción, quienes nunca más podrán volver a ocupar un cargo público.
La legisladora cree que hay que construir elementos más fuertes en la Ley de Contratación Pública y más mecanismos de transparencia en el Código Penal.
Ley de Plusvalía
También se refirió al pronunciamiento de Lenín Moreno, presidente de la República, sobre someter a un nuevo proceso de socialización a la Ley de Plusvalía, aprobada por la Asamblea Nacional.
Doris Soliz dio a conocer que en la reunión nacional de Alianza PAIS, habló sobre el tema con el mandatario y le expuso la importancia de que no se tenga solo el punto de vista de algunos empresarios de la construcción, sino también hacer una evaluación rigurosa, que podría venir de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
“Estamos convencidos de que es una ley buena, que sirve para evitar la especulación del suelo”, mencionó, al tiempo de dejar abierta la posibilidad de que se evalúe la normativa, siempre que sea para mejorarla.
Pedido de revisión de archivo de juicio político
En otro aspecto, dio su postura con respecto al pedido del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de que se revise la decisión de archivar la solicitud de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glas. La parlamentaria dijo que el CAL actuó en derecho y que fue absolutamente claro, porque, según ella, no hubo fundamentos para iniciar el juicio político.
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