Con un, ¡Viva Orellana¡, la Comisión de Participación Ciudadana saludó a este sector de la patria por sus 19 años de cantonización con una sesión itinerante. El presidente de este organismo, Héctor Yépez, indicó que existe consenso entre los legisladores de la comisión para que el Código de Participación Ciudadana garantice la libertad de asociación y se modifiquen los mecanismos de designación de las autoridades de control.
Tras resaltar que las sesiones itinerantes constituyen un mecanismo para acercar el trabajo legislativo y recoger observaciones, señalaron que las leyes se construyen con la gente y para la gente.
Marcia Guanín, coordinadora del Consejo de Participación Ciudadana de Orellana, señaló que esta entidad trabaja con 16 mesas temáticas de concertación ciudadana que abarca a 300 personas, en las que tratan temas de las organizaciones y la ciudadanía: “Uno de los mecanismos de participación ciudadana son las audiencias públicas, mientras que el control social se hace a través de la rendición de cuentas”, agregó.
A fin de que la gente proponga acciones en beneficio no solo de la comunidad y el territorio, sino también para el desarrollo del país, Enrique Morales, de la Dirección de Ambiente de la Prefectura de Orellana, señaló que la participación ciudadana debe tener el control de los recursos estratégicos.
Eduardo Montaño, concejal de Francisco de Orellana, sostuvo que es bueno que la Asamblea Nacional acuda a territorio, porque desde estos espacios, se conoce la realidad de cada sector de la patria: “Los negros tenemos historia, pero, lamentablemente, no se la escribe tal cual es, pues este sector es parte del crecimiento de la patria, pero hemos sido invisibilizados”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Héctor Yépez, manifestó que desde el Legislativo se impulsa la igualdad de todos, por tanto, trabajan en la erradicación de toda forma de discriminación con acciones afirmativas.
Una de las sugerencias indicada por Julio Vásconez, rector del Instituto Tecnológico Superior Oriente, fue que las leyes deben ir acompañadas de una metodología que permita poner en funcionamiento y cumplir sus preceptos escritos. Subrayó que la rendición de cuentas debe ser parte del espíritu del proyecto que se construye sobre el Código de Participación Ciudadana.
Juan Carlos Orellana, concejal de Aguarico, habló del uso de la silla vacía, que es un mandato constitucional, pero debe tener el carácter inclusivo, más no regulatorio, y garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, sin exigir tantos requisitos.
Mientras, Sergio Poveda, presidente de la Asamblea Ciudadana de Orellana, tras respaldar la aplicación de la figura constitucional de la silla vacía, sostuvo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de prevenir actos de corrupción.
Milton Elizalde, presidente de la Asamblea Local de Participación Ciudadana de Loreto, precisó que la toma de decisiones es parte de la participación ciudadana como una forma de construir democracia. Advirtió que en la capacitación de formación ciudadana se utiliza lenguaje muy técnico, lo que dificulta el empoderamiento de sus derechos.
En la sesión itinerante la comisión no solo escuchó los aportes al Código de Participación Ciudadana, sino también problemas que vive la ciudadaía. Así, Remigio Campos, estudiante de la Universidad Particular de Loja, denunció que en esta entidad educativa no se han designado a los directores de área, lo cual dificulta el registro de títulos de más de 300 estudiantes. La mesa legislativa resolvió citar a las autoridades para que expliquen esta problemática y encontrar soluciones.
Por otro lado, Carlos Zuña, dirigente social de cantón Joya de los Sachas, dijo que en el área de salud no se concluye la construcción de la Unidad de Diálisis. Los parlamentarios llamarán a la Ministra de Salud por este tema.
Humberto Ruiz, representante de la UNE de Orellana, señaló que en la provincia existen 90 organizaciones sociales, cuyos dirigentes son perseguidos por pensar diferente. Pidió interponer los buenos oficios para devolver la vida jurídica a la UNE, ante lo cual el presidente de la comisión indicó que la mesa legislativa hizo las gestiones para que se anule el decreto ejecutivo y que el gremio recupere la vida jurídica, los bienes y el fondo de cesantía.
Al culminar la sesión los parlamentarios señalaron que los planteamientos expuestos serán tomados en cuenta durante la construcción del proyecto de Código de Participación Ciudadana.
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