Durante la mañana, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sesionará para avocar conocimiento de la objeción parcial que el Ejecutivo hizo al proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero de 2017. El documento establece que ningún funcionario público o dignatario de elección popular puede tener bienes o capitales en paraísos fiscales.
Según el veto del Ejecutivo, la excepción a esta norma solo debería aplicarse a los funcionarios del servicio exterior que hayan adquirido bienes o tengan cuentas en paraísos fiscales, necesarias para el desarrollo de la misión diplomática y no como propone el documento original, en donde se considera que sea para quienes deseen postularse a un cargo de elección popular y/o funcionarios públicos que sean estudiantes o becarios, y candidatos a asambleístas en representación de las circunscripciones del exterior.
Otra de las objeciones de fondo tiene que ver con el artículo 9, que se refiere al procedimiento para la aplicación de sanciones por parte de la Contraloría cuando tenga conocimiento de la violación de alguna de las disposiciones previstas en esta ley. En este sentido, ordenará el inicio del examen especial correspondiente para determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad del servidor público examinado.
Por su parte, la Asamblea ya determinó que en 60 días el funcionario debe presentar pruebas de descargo, que verifiquen si tiene o no bienes en paraísos fiscales.
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
A partir de las 15h00, se analizará el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El plazo para la entrega concluye el 18 de agosto.
El tratamiento ya se había realizado dentro de un contexto de diálogo, pluralidad e inclusión de todos los sectores involucrados. Además, recibió múltiples observaciones y se rechazaron los pronunciamientos de organizaciones que solicitaron su archivo: “No se pretende beneficiar a grupos de padres o madres, sino el interés superior del niño”, explicó la presidenta de esa mesa, Marcela Aguiñaga.
En este contexto, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien participó de esta socialización, manifestó que se debe estudiar, con urgencia, la tenencia compartida, para saber si realmente amerita cambios, así como la patria potestad. Enfatizó que sería una ofensa establecer justificaciones y rendición de cuentas ante pensiones entre 100 a 300 dólares mensuales.
RSA
