En el contexto del diálogo y acercamiento de la Asamblea a la comunidad, la Comisión de Biodiversidad trabaja en la Amazonía ecuatoriana. El objetivo es alcanzar los mayores consensos para la construcción del informe para segundo debate de la Ley Especial del sector.
La asambleísta Johanna Cedeño, presidenta de la mesa, dijo que el compromiso es sacar la mejor ley posible, que promueva el desarrollo integral de la zona.
También habló de la necesidad de definir una justa distribución de recursos para el progreso de las localidades, tras enfatizar que los aportes de los GAD y la ciudadanía enriquecerán el documento.
El cuerpo legal es una lucha de años y su implementación responde a un mandato constitucional y a los tratados internacionales, que reconocen a la Amazonía como un territorio especial, destacó el prefecto Salvador Quishpe, al comentar que se debe potenciar la actividad turística.
Encuentro con Conagopare
Posteriormente, los comisionados se entrevistaron con el Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales, Conagopare – Zamora, quienes pidieron modificar la asignación de recursos petroleros a favor de la población rural.
Johanna Cedeño dijo que es indispensable garantizar una distribución equitativa de recursos, que permita eliminar cualquier tipo de inequidades.
Jaime Fares, presidente del GAD de Cumbaratza, sugirió que se incremente del 2 al 4 % el porcentaje del precio de venta de barril de petróleo y en ningún caso sea inferior a dos dólares dentro del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico.
Por su parte, Rita Japón, GAD Guadalupe, planteó que los presupuestos de los municipios bajen de 28 a 26 %, en tanto de los prefecturas de 58 a 55 % y que dichos puntos se trasladen a la ruralidad.
Wilmer Espinoza, GAD de San Carlos de las Minas, propuso que el cálculo de distribución de recursos sea de la siguiente manera: 40 % en partes iguales, 25 % por tamaño y densidad de población, 25 % necesidades básicas insatisfechas, 10 % logros y mejoramiento por esfuerzo fiscal y administrativo.
Por último, la comisión recibió una serie de aportes y observaciones a la normativa de parte de actores sociales, de las fuerzas representativas, ambientalistas, de grupos turisticos y la ciudadanía, en las instalaciones de la Gobernación de Zamora.
MG