El Consorcio Nacional y Provincial de la Amazonía de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare), campesinos, agricultores, emprendedores y la ciudadanía, se dieron cita en el Teatro Municipal de Macas, con el objetivo de hacer escuchar sus voces en el diálogo nacional sobre el proyecto de Ley Amazónica, llevado adelante por la Comisión de Biodiversidad.
Las juntas parroquiales amazónicas coincidieron en la necesidad de establecer una distribución equitativa y justa de los porcentajes de recursos petroleros, así como de la actividad minera e hidroeléctrica para todos los niveles de gobierno, que permita mejorar, significativamente, la calidad de vida de la gente.
El parlamentario Juan Pablo Velín aseveró que existe un compromiso firme de, en territorio, escuchar, dialogar y recoger los insumos ciudadanos para enriquecer la normativa.
Mientras que Yofre Poma, vicepresidente de la Comisión, dijo que la ley tiene que satisfacer las aspiraciones de municipios, prefecturas y, fundamentalmente, de las juntas parroquiales. Hay que fijar un nuevo modelo de gestión en los ámbitos social, económico y ambiental, que la conservación y defensa de la naturaleza vaya de la mano con el desarrollo de la población.
Reiteró que la nueva institucionalidad, con la presencia de la Secretaría Técnica, tiene que ser de articulación, acompañamiento y planificación de los proyectos prioritarios. "La ley debe concretarse este año", subrayó.
Johanna Cedeño, titular de la mesa, aclaró que el papel de la Secretaría Técnica, en reemplazo del Ecorae, es de articulación, no de ejecución de obras de los niveles de gobierno para priorizar los proyectos orientados a combatir la pobreza, dotación de servicios, inseguridad y violencia. Anunció que en octubre estaría listo el informe para segundo debate de la propuesta.
Manifestó que en las próximas semanas el organismo realizará una inspección y evaluación de los proyectos mineros.
La voz de la ciudadanía
"Alrededor de 6 millones de personas vivimos en el campo. La ruralidad merece un mejor trato en educación, salud, caminos vecinales, bienestar, a través de la asignación de presupuestos en igualdad de condiciones", expresó Bolívar Armijos, presidente Nacional de Conagopare. Indicó que en septiembre entregarán al titular de la Asamblea, José Serrano, una reforma al Código de la Democracia y Cootad para que los prefectos sean electos por el sector rural.
Luz Orozco, presidenta GAD de Aguas Negras, en Sucumbíos, exigió el 15 % de las regalías del petróleo para los gobiernos parroquiales y que las empresas petroleras cumplan con procesos de remediación de daños a la gente y ecosistema. También objetó la creación de la Secretaría Técnica y que sus dineros vayan a las juntas para que contraten personal técnico y puedan planificar, de menor forma, las obras.
Mario Santi, de la parroquia Sarayaku, invocó a tomar en cuenta la situación de los grupos vulnerables, en particular de las comunidades, pueblos y nacionalidades, recogiendo sus formas de desarrollo y filosofía de vida.
Carlos Lara, presidente del Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales de la Amazonía, propuso que la distribución de recursos sea: 26 % para gobiernos provinciales, 55 % a municipios, 15 % a favor de GAD parroquiales y 4 % para el Fondo Común.
MG
