El asambleísta Julio Quiñónez Ocampo presentó a la Legislatura el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip), con el fin de evitar y prevenir la venta y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por parte de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta busca endurecer las sanciones y la imprescriptibilidad de la acción penal en este tipo de delito, para que las acciones que van en contra de los menores de edad no queden en la impunidad.
Así mismo, propone que el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes que involucren a niños, niñas y adolescentes, sea sancionado con pena privativa de libertad entre 10 y 13 años, sin importar las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente.
La problemática social
Para Quiñónez, si bien el Coip, en materia de drogas, puso fin a la discrecionalidad de los jueces para imponer las sanciones y regular las penas en proporción al delito, sobre una base establecida por la Secretaría Técnica de Drogas, los elementos del Código no son suficientes para prevenir y erradicar esta problemática social.
Según el representante de Guayas, los microtraficantes utilizan a menores de edad para comercializar y vender todo tipo de droga. Este problema social ocurriría “por la inimpuntabilidad penal de los adolescentes (entre 12 y 18 años) y la inimpuntabilidad absoluta de las niñas y niños (menores de 12 años), establecidos en los artículos 305 y 307 del Código de la Niñez y Adolescencia”.
Además, el legislador expone que el artículo 20 del Coip determina que por las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niños, niñas o adolescentes se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio.
En este contexto, el asambleísta precisa que el microtráfico recae en la escala mínima, donde la sanción es de uno a tres años, y aumentada la pena alcanzaría un total de cuatro años. “Dicha pena no es proporcional al daño que causa al menor de edad, ya que lo involucra en el mundo de las drogas, destruyendo no solo su vida, sino la de su familia”, agregó.
Dato
Según el Observatorio Social del Ecuador, el 48 % de los adolescentes encuestados a escala nacional afirman que en los alrededores de los centros educativos hay drogas. Tanto en la Costa como en la Amazonía, el acceso a drogas alcanzaría el 54 %, mientras que en la Sierra, 42 %.
La marihuana sería la droga de mayor acceso, con un 15 %. Le sigue la cocaína, con un 6 %; éxtaxis, 4 % y la pasta base, 3 %.
El estudio indica que la real magnitud del consumo de drogas es la dependencia que genera, al afectar no solo la salud de los menores, sino también la reducción de oportunidades de desarrollo y construcción de proyectos de vida.
PAU/pv