Más de 20 pescadores y acuacultores de diferentes cantones de la provincia de Esmeraldas, entre ellos San Lorenzo, Atacames, Muisne, Rioverde, Quinindé y Eloy Alfaro, participaron en el diálogo con la mesa legislativa de Soberanía Alimentaria, en el marco del proceso de construcción del proyecto de Ley de Pesca y Acuacultura. La visita a territorio se desarrolló durante casi cinco horas, en las instalaciones del Ecu-911, en el sector de Las Palmas.
Ricardo Zambrano Arteaga, titular de la Comisión, resaltó que la participación ciudadana es fundamental en la elaboración de la ley, que contempla un enfoque de eco-sistema: medioambiente, sociedad y economía en armonía.
Expuso los ejes rectores de la propuesta que apuntan a la productividad de los dos sectores, como el estudio de fondo marino. “No podemos hablar de una ley de pesca sino hacemos un estudio del fondo marino, para identificar las especies del ecosistema marítimo”. Se trata de una evaluación que se desarrollaría en conjunto con el Ministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio del Ambiente y Fuerza Marina. Además, precisó que la veda debe establecerse de acuerdo con los ciclos de reproducción de las especies.
Otro de los principios de la tarea legislativa es la conservación del ambiente. “No hay actividad pesquera si hoy no preservamos los recursos. Solo así podremos vivir mañana, en armonía con la naturaleza”, aseveró.
Zambrano resaltó que la normativa debe diferenciar la pesca artesanal de la industrial, para lo cual se deben establecer patrones como el grado de mecanización de las embarcaciones y artes de pesca.
Así mismo, mencionó la creación de un Instituto de Pesca, eficiente y eficaz, que tome en cuenta la realidad de cada zona ribereña de la provincia.
Fausto Torres, extripulante de barcos camaroneros de arrastre, solicitó el regreso de la pesca de arrastre, ya que esta medida redujo el margen de actividades productivas en la provincia: “demandamos que vuelva este tipo de pesca para recuperar nuestro derecho al trabajo”. Indicó que con 10 cupos (navíos) se beneficiarían entre 80 a 90 familias.
En esta misma línea se pronunció Inginio Castillo, presidente de la Federación de Afroecuatorianos, quien defendió el regreso de esta pesca. Aseveró que la pesca de arrastre, con una regulación adecuada y con ciclos, no produce impacto ambiental. ´”Somos cabezas de familia y necesitamos llevar el sustento a nuestros hogares”, indicó.
La simplificación de trámites burocráticos fue otra de las demandas del sector. Jacinto Ortiz, presidente de la Cooperativa 24 de Octubre, aseguró que estos dificultan la obtención del permiso de pesca, lo que afecta el sustento económico para sus familias. Manifestó que los pescadores necesitan acceder a líneas de créditos de producción: “porque la única forma de salir de la pobreza es la producción”, agregó.
Yolanda Ponce, presidenta de la Cooperativa de Arcón de Sardina, del sector Palma Real, evidenció los bajos ingresos que perciben por la venta de los productos. Por ejemplo, una libra de conchas se vende a 7 dólares y es vendida por los comerciantes al doble o incluso el triple. Además, manifestó la importancia de un instituto técnico para la continuación de la formación académico de los bachilleres de la zona.
Gregorio Mera, pescador de Atacames, reveló una problemática en la zona fronteriza con Colombia. Señaló que los ríos se contaminan con glifosato, por las fumigaciones, con un impacto ambiental en el ecosistema marítimo. Así mismo, denunció derrames de la Refinería Estatal Esmeraldas.
César García, pescador de San Lorenzo junto a 110 pescadores, demandan del Estado un beneficio económico en tiempo de veda, para que puedan sustentar a sus familias. Precisó que los meses propicios para la pesca de camarón son de febrero a mayo, de modo que la veda comprende de noviembre a diciembre, donde los pescadores se pueden dedicar a una actividad alternativa. Así mismo, solicitó equipo sofisticado para la actividad pesquera.
Los legisladores Roberta Zambrano y Lenin Plaza, ambos representantes por Esmeraldas, enfatizaron su compromiso de plasmar en la legislación ecuatoriana medidas para satisfacer las necesidades de estos dos sectores.
“Nosotros no hacemos una legislación de escritorio, acudimos a las zonas para palpar de cerca la realidad de los pescadores, con el fin de elaborar una normativa que beneficie a este sector, con décadas de olvido y maltrato, que, sin embargo, inyecta un alto monto a la economía del país´, expuso la asambleísta Zambrano.
Dato
La pesca es la principal actividad económica de la provincia verde, con una producción de 32 mil toneladas al año, que representa 70.4 millones de dólares. A esta actividad se dedican 20 mil pescadores, en toda la costa esmeraldeña. Mientras que en la ciudad, 3 mil personas viven directamente de la pesca.
PAU/pv