Representantes de la Universidad Nacional de Loja llegaron hasta la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social para pedir que se levante la intervención. Según el asambleísta Byron Suquilanda, son 1500 estudiantes los que están privados de tener su título académico, a pesar de haber cumplido las normas y procesos legales. Para el legislador, se trata de una abusiva decisión del Consejo de Educación Superior.
El rector de la entidad educativa, Gustavo Villacís, dijo que debido a la intervención dispuesta por el Consejo de Educación Superior se afectó la ejecución de la política pública estatal, así como los principios y derechos que rigen esta área. “La Universidad se creó en 1859 y desde ese tiempo hasta la actualidad, la calidad académica contribuye en la formación de profesionales con un amplio pensamiento crítico”, explicó. Además, insistió en que no se puede entregar una institución educativa de alto prestigio como un trofeo político.
Explicó algunos de los problemas desencadenados a raíz de la intervención, como el hecho de que existan dos profesores por asignatura o que por cada paso que dé el Rector exista un litigio. El malestar en la universidad se acentuó cuando se hicieron cinco pedidos de prórroga de la intervención, porque aseguran que no pueden trabajar mientras ese proceso no termine.
Caso UTE
En la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) los problemas iniciaron hace un año y medio, cuando, según relató Lida Moreno, presidenta de la UTE-Dignidad, hubo un despido masivo de profesores, lo cual -a su criterio- solo sirvió para que aumentaran los jóvenes sin acceso a la educación superior. Los principales conflictos que citaron los representantes de la UTE son: falta de cogobierno, la no existencia de autonomía, lo que reduce la calidad educativa; y el cierre de siete carreras, por lo que exigen auditorías de proceso de gestión y usos de los recursos del Estado.
Pero en la UTE también hablan de irregularidades, como la creación, hace 14 años, de la Facultad de Medicina en la que se habría establecido un convenio con una fundación, que, según Lida Moreno, no existe y recibió 2 millones de dólares para hacerlo. Además, se denunció el cobro de 20 dólares a cada estudiante por exámenes médicos que nunca se hicieron. “El evaluador hizo las veces de evaluado para la Facultad de Medicina y obtiene las mejores calificaciones”. Exigió que se investigue la presencia de organismos internacionales en la UTE para captar poder.
Los dos casos están en la Comisión de Participación Ciudadana, en donde, si es necesario, se pedirá la comparecencia de los involucrados, con el objetivo de obtener las dos versiones de la situación.
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