El auditorio del Consejo Nacional Electoral de El Coca, en la provincia de Orellana, fue el lugar en donde representantes de los pueblos y nacionalidades, maestros, médicos, artesanos, trabajadores petroleros, autoridades y habitantes discutieron todo lo referente al proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Amazónica.
Los asambleístas de la Comisión de Biodviersidad de la Asamblea Nacional escucharon planteamientos y resolvieron dudas.
Los primeros en intervenir fueron quienes están relacionados con la salud. Personeros del Hospital Francisco de Orellana aseguraron que es necesaria la creación de un centro renal ambulatorio, pues para seguir un tratamiento deben trasladarse a Tena o Lago Agrio, lo que implica más gastos y molestias para los que sufren problemas renales. El pedido es que se gestione desde la Asamblea para que se asigne un presupuesto que cumpla este anhelo.
Richard Preciado hizo notar los problemas que existen por la falta de un centro forense, por lo que pidió se analice la posibilidad de construir uno en Orellana, pues en la actualidad deben trasladar los cadáveres hasta Lago Agrio y Sucumbíos. Preciado aseguró que es un problema de salud, pero también social. El hospital Francisco de Orellana tiene un anfiteatro, pero jamás funcionó. En este sentido, Johanna Cedeño, presidenta de la comisión, aseguró que dentro de la norma se considera el tema salud.
El área educativa también fue parte del diálogo. En Orellana, quienes terminan la secundaria tienen opciones limitadas para acceder a la educación superior, porque no hay una universidad. En la zona insisten en que no son suficientes las extensiones universitarias que existen, porque muchos de los jóvenes se quedan sin educación por falta de recursos económicos para trasladarse a vivir a otras ciudades en donde sí existen casas de estudio superior.
Fueron más de 13 intervenciones, en las que otro de los asuntos que salió a la luz fue la falta de empleo. Lo dijo Ángel Jaramillo, que trabaja en una empresa que sirve a la industria petrolera. Para él, las transnacionales están a punto de quebrar a los negocios locales. Ellos piden que se se cree una normativa que proteja a las compañías locales que prestan servicios petroleros, para que se puedan mantener en pie.
Rentas petroleras
Con respecto a las rentas petroleras, Enrique Morales, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, hizo notar que el 2 % de la venta del petróleo es irrisorio, porque, según explicó, los amazónicos tienen el 48 % del territorio nacional y los fondos sirven para hacer obras, por lo que piden que sea el 5 %. “¿Por qué se niegan darnos el 5 % que pedimos, cuando la plata se esfuma para otros menesteres”, fue la interrogante.
La Prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, habló de lo que sucede en Dayuma. Relató casos de trabajadores que ganan el sueldo básico, no reciben ningún tipo de beneficio como alimentación y transporte, que sí se les brinda a personal que llega de otras provincias o países.
Bajo este argumento, dijo que no es necesario que se toque a la Ley 010, porque les asegura recursos para los tres niveles de gobierno. Pidió que no sea parte de la ley la Subsecretaría Técnica, que serviría para controlar los recursos que se generen por la norma.
El sentir en la Amazonía es generalizado. En esta región aseguran que no los toman en cuenta a pesar de que el país se alimenta de los recursos que se originan por el petróleo que se extrae. Quieren sentir que el progreso también llega para ellos. Quieren emprender, pero no tienen la forma de hacerlo, pues el acceso a créditos es casi imposible. Tienen ganas de dejar de depender solo del “oro negro” para poder subsistir.
MC/pv
