Organizaciones juveniles, afroecuatorianos, sindicatos, del área de salud, sector público, empresas privadas, agricultores, artesanos, personas con discapacidad, representantes culturales, artesanos y red de educadores resaltaron los diálogos que mantiene la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para construir el nuevo Código de Trabajo. Piden que se tome en cuenta la realidad de cada sector con el fin de garantizar sus derechos consagrados en la Constitución.
En el Auditorio del Consejo Nacional Electoral, más de 300 personas acudieron al llamado de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para construir, de manera participativa, el Código Integral de Trabajo, que tomará en cuenta las distintas modalidades laborales que permitan garantizar sus derechos, según anunció Liliana Durán, presidenta de la mesa legislativa.
César Obando, del Sindicato Nacional de Auxiliares de Enfermería de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, solicitó que se considere el derecho a la sindicalización. Propuso eliminar la tercerización en el área de salud y contratar a trabajadores para que puedan dar una atención de calidad a la ciudadanía.
Samuel Proaño, de la Central Unitaria de Trabajadores de la Red de Salud, sugirió contemplar la carrera sanitaria y que los trabajadores de esta área tengan mejoras salariales, así como estabilidad laboral. Mientras, Fabián Pinar, representante de los trabajadores de la cultura, expresó que es necesario trabajar por la titularización y certificación de los gestores culturales por parte de la academia.
Por su parte, Gina Loor, de la Red de Educadoras del Ministerio de Inclusión Económica, pidió estabilidad laboral para quienes prestan el servicio de cuidado infantil. Javier Orellana, en representación de los trabajadores del Ministerio de Educación, reclamó libertad a la organización sindical y respeto a la jornada laboral.
Edwin Esparza, del Sindicato de Trabajadores de Emelnorte, propuso fortalecer la organización sindical. También solicitó que se tome en cuenta el riesgo eléctrico, pues no hay ninguna normativa que regule este particular.
De su lado, Inés Almeida, representante de la Red Nacional de Discapacidades, exigió igualdad de derechos para este sector de la población, así como oportunidades de trabajo. “Muchos empresarios prefieren pagar la multa antes que dar espacio a las personas con discapacidad”, dijo.
A criterio de Elena Larrea, del Foro de Mujeres, es necesario garantizar la inserción laboral del sector femenino. Tania de Jesús, de la Federación de Organizaciones Negras de Imbabura, indicó que en la normativa se debe establecer un porcentaje para la inserción laboral del pueblo afroecuatoriano y que el Decreto 60, que toma en cuenta a las etnias y nacionalidades, se convierta en ley.
Roberto Díaz y Frank Galarza, coordinadores de la Organización Juvenil de Imbabura, plantearon que se asignen retas para el incentivo al empleo juvenil. Paulina Gonzalón, del Movimiento Social Plurinacional y Multiétnico, respaldó la lucha de las mujeres por una jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad, sentir que fue compartido por Carmen Masón, de la Asociación de Mujeres, Identidad y Género.
Juan José Simbaña, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas 28 de Octubre, pidió que se establezcan subsidios para la siembra de productos, mientras que Luis Oswaldo Jaramillo, representante de la empresa Pinto, mencionó que es necesario se regrese la contratación a plazo fijo, porque existen proyectos que deben tener continuidad.
Finalmente, Erik López, vocero de la agrupación Lating King dijo que las personas en las calles quieren dejar lo malo para inmiscuirse en los derechos laborales, así como insertarse en la sociedad para seguir estudios para tener un mejor porvenir.
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