Nuevamente los derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades fueron el centro de la escena en la Asamblea Nacional, durante el primer debate del proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos de Pueblos y Nacionalidades. En las intervenciones dentro de la Comisión de Derechos Colectivos, que trata el proyecto, quedó claro que cada vez son menos quienes utilizan su lengua materna. Esto tiene una incidencia directa, pues comienzan a sentir como se pierden las lenguas ancestrales.
La dramática situación planteada en la mesa de trabajo fue la manera de correr el velo sobre un fenómeno al que casi nadie le prestaba atención en el país, estaba lejos del debate y cerca de ser considerado como un problema. Sin embargo, luego de las múltiples exposiciones, se develó que las dificultades van desde la falta de una atención de calidad en el sistema de salud, porque no les entienden, y también conflicto educativo, pues no hay profesores capacitados para atender las necesidades de quienes forman parte de esos pueblos y nacionalidades.
La Constitución ecuatoriana incorporó en su agenda los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, con el objetivo de fortalecer la unidad en la diversidad. Lo dicen también los tratados y convenios internacionales, en donde se garantiza la preservación de las lenguas indígenas, pues se trata de que cada comunidad pueda usar su lengua de forma libre. Son 28 los artículos que forman parte de este cuerpo legal y, según el ponente del Proyecto, Jorge Corozo, es necesario que en este caso se aplique una consulta prelegislativa. “Varios de los derechos colectivos pudieran verse afectados por la normativa”, dijo
También hizo hincapié en que los derechos lingüísticos forman parte del patrimonio ancestral cultural. El proyecto edifica un régimen institucional de los factores que conforman el cuidado y protección de las lenguas ancestrales, por lo que insistió en que es necesario consultar a los pueblos y nacionalidades. Además, hizo notar que es necesario tener una ley que los deje expresarse de forma libre y que el Estado garantice que esto se cumpla.
Defender derechos
Guadalupe Salazar, cuando fue Presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, trató este tema de forma profunda. Para ella, la aprobación de esta normativa es un anhelo para que se convierta en una fortaleza de los derechos lingüísticos. Dejó clara su posición de analizar con responsabilidad las estructuras sólidas con el fin de que exista continuidad y se construya una ley que defienda los derechos humanos históricos de los pueblos ancestrales.
Instó a que las instituciones promuevan el intercambio de saberes, protección e implementación de políticas para que se constituyan en una plataforma intercultural consolidada, con respeto a sus saberes y conocimientos ancestrales. Dijo que el Estado debe establecer una agenda de trabajo en común, para promover, de forma real, la igualdad de oportunidades de los pueblos originarios, además de construir y reconstruir las memorias históricas lingüísticas y fomentar la convivencia armónica en las comunidades.
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