“Es fundamental analizar la existencia de penas desproporcionadas, corregir el abuso de la prisión preventiva, eliminar todas las trabas para luchar contra los delitos de corrupción y revisar las figuras delictivas que contradicen el estado constitucional de derechos y justicia”, indicó Ernesto Pazmiño.
Sostuvo que “la propuesta, remitida el 6 de julio de 2016, tiene como objetivo principal la necesidad de constitucionalizar la justicia, es decir, que el Código Penal no contemple normas que violen los derechos constitucionales”.
“Es una aspiración que el sistema penal logre una administración de justicia moderna, que concilie el poder punitivo del Estado con el respeto pleno a las garantías individuales de los ciudadanos, llegando a un verdadero equilibrio”, precisó.
Manifestó que es importante efectivizar principios: la igualdad ante la ley, presunción de inocencia, proporcionalidad en función del delito y el daño cometido. “Hoy se violenta el principio de las mujeres, principalmente su decisión libre y soberana sobre su salud y vida reproductiva”, afirmó.
“Hay mucho blindaje, mucho candado que impide una lucha efectiva desde la justicia a los actos de corrupción, más aún cuando quienes denuncian la corrupción terminan siendo perseguidos. Por tanto, en Ecuador hay un temor a denunciar las irregularidades”, agregó.
“Pretendemos maximizar la libertad, disminuyendo el arbitrio en el uso abusivo de la prisión preventiva; que se garantice el derecho a la resistencia y el acceso real a la justicia”, acotó Pazmiño.
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