La sesión itinerante de la Comisión de Derechos Colectivos se desarrolló en la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado, ubicada en el centro histórico de Riobamba, con el propósito de socializar los ejes del proyecto de Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades.
Dos son los temas sustantivos que propone la Comisión para ser considerados en la consulta prelegislativa: protección, desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural, y conservación, protección, conocimiento, uso y rescate del patrimonio cultural ancestral, mismos que deben ser calificados y aprobados por el Consejo de Administración Legislativa.
Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión, manifestó que el espíritu de esta Ley es el rescate de las lenguas ancestrales. “De las siete mil lenguas que se hablan en el mundo, tres mil se encuentran en peligro de extinción”. Señaló que el peligro de desaparición de lenguas ancestrales no es un fenómeno social que incluye solo a Ecuador. “Es una problemática a escala mundial”, precisó.
Resaltó que el país cuenta con 14 nacionalidades indígenas, de las cuales dos eligieron vivir en aislamiento voluntario, cada una con su propia lengua ancestral que requiere ser rescatada. “Revitalizar un idioma es conservar la cosmovisión de su pueblo”.
Aportes de organizaciones indígenas
Carlos Satián, presidente de la Conferederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), aseguró que Ecuador posee una riqueza cultural que se plasma en las lenguas ancestrales, por lo que es urgente su conservación. “Este proyecto reconoce y garantiza los derechos lingüísticos, con tradición lingüística propia. El Estado da una oportunidad a las 14 nacionalidades indígenas de revitalizar sus lenguas ancestrales”.
Además, destacó que al rescatar una lengua ancestral se resguardan las tradiciones y costumbres de las comunidades, porque la lengua contempla la cosmovisión de los pueblos.
En esta misma línea, Ana María Guacho, cofundadora de la Conferederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señaló que este proyecto debe abrazar una propuesta educativa de revitalización de las lenguas ancestrales, a escala nacional. Acotó que esta iniciativa se debe construir desde la inclusión y equidad.
José Chalá, representante de Imbabura, mencionó que cuando se habla de derechos lingüísticos se alude a las lenguas ancestrales. “Esta es la primera Ley vinculada con los derechos colectivos”. Además, expresó que las investigaciones sociológicas y antropológicas revelan que el pueblo afroecuatoriano tiene su propia lengua shulú, derivada de la matriz lingüística del bantú, originaria del Congo, que debe ser rescatada.
“Ecuador intercultural y plurinacional ya no es un discurso. Con este proyecto de ley relacionado con los derechos colectivos, este principio de la Carta Magna es una realidad”. Así lo anunció Tito Puanchir, asambleísta por Morona Santiago.
Jorge Corozo Ayoví, titular de la mesa legislativa, subrayó la responsabilidad y compromiso de la Comisión para socializar la normativa en diferentes provincias de Ecuador, a fin de considerar los insumos de los pueblos y nacionalidades alrededor de los derechos lingüísticos. Anunció que la próxima sesión itinerante se desarrollará en Imbabura.
Movilidad humana en Chimborazo
La mesa legislativa escuchó a Lorena Burbano, coordinadora de la zona tres del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, quien expuso la problemática de la movilidad humana vinculada con el tema de expendio y consumo de estupefacientes en la provincia.
La funcionaria mencionó que Alausí, Chunchi, Colta y Guamote son los cantones con mayor índice de movilidad humana. La crisis económica, falta de fuentes de empleo y anhelo de una mejor calidad de vida son las causas de la migración.
“Cuando migran los individuos se someten a varios problemas por parte de los traficantes como maltrato físico y psicológico, violación sexual, discriminación, incluso la muerte. Muchos de ellos sirven como ´mulas´, para el traslado de drogas”.
Explicó que “la migración existió desde los albores de la humanidad como una estrategia de sobrevivencia del ser humano. Sin embargo, la problemática nace cuando se desarrolla de forma irregular”.
Burbano indicó que la Cartera de Estado trabaja con el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep) con el objetivo de mitigar este fenómeno social. “Emprendemos un proyecto de capacitación y reparación psicológica con migrantes reportados y sus familias, con fines de prevención y mitigación, sobre todo en las zonas rurales”.
Resaltó que esta alianza estratégica entre las instituciones es buscar soluciones a esta problemática social, más allá del carácter punitivo y la cultura prohibicionista.
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