Cada lunes la Comisión de Educación se sienta a dialogar con los representantes de las universidades y escuelas politécnicas públicas. La mesa priorizará los acuerdos, a fin de que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes) lleguen al segundo debate con el mayor consenso posible. Los coloquios también los realizan con los delegados de las entidades educativas privadas.
Esa fue la precisión que realizó Augusto Espinosa, presidente de la mesa, antes de exponer, en esta ocasión, los cambios propuestos en los artículos relacionados con el financiamiento. El objetivo es que no vuelva a suceder lo de este año, es decir, que se disminuya el presupuesto por la coyuntura económica. El plan es que exista un financiamiento sostenido y progresivo.
Explicó que en los últimos años, gracias a la eficiencia en la recaudación de impuestos, el ingreso del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) subió. Sin embargo, por el bache económico el país sufrió una contracción, proporcional a la baja en el ingreso de tributos. De ahí que, concluyó, es posible que cuando exista este fenómeno los recursos para las universidades caigan. Con las reformas se pretenden evitar estos contratiempos.
La Comisión quiere que se superen estas dificultades en el largo plazo, fundamentalmente, para que haya más inclusión. Se espera que en los próximos diez años se duplique la tasa de matrícula o el ingreso a la universidad.
Propuestas
De los planteamientos que expuso Espinosa algunos ya están incorporados en el informe para primer debate, que se tramitará mañana 19 de septiembre, a partir de las 10h00, en el Pleno. Otros se incluirán en el segundo debate. En el fondo, la idea es que, una vez asignados los recursos, sean las universidades las responsables de su manejo y que el presupuesto no se reduzca.
Se propone que el saldo del presupuesto no devengado para ciencia, tecnología, proyectos académicos y de investigación obligatoriamente se incluya en el ejercicio fiscal del siguiente año y no regresen al Estado. Además, que los fondos no comprometidos del ejercicio fiscal puedan moverse entre las distintas partidas que tienen las entidades educativas y no vuelvan a la Cuenta Única del Tesoro.
En cuanto a los fondos de autogestión y fuentes complementarias se determina que sean manejados de forma autónoma por las universidades. Además, podrán ser auditados. También se prohíbe la competencia desleal. Cuando las entidades generen actividades ajenas a su función académica deben crear empresas públicas y estas tendrán prioridad en la contratación pública.
Con las reformas se incorporan incentivos para las instituciones de educación superior que impulsen la inserción laboral de sus graduados. Igualmente, se afianza la vinculación con la sociedad, así como temas relacionados a la interculturalidad.
LILA/pv
