El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, acompañado de miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL y algunos legisladores, recibió a delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, quienes solicitaron se dé trámite, en el menor tiempo posible, al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que busca regular el ejercicio del derecho a la revocatoria del mandato.Con esta oportunidad, el Titular de la Legislatura reiteró la voluntad política de varias organizaciones partidistas de dictar esta reforma, de manera que la revocatoria del mandato se aplique a aquellos funcionarios de elección popular que han hecho mal las cosas y no por revanchismos o porque los perdedores quieren tomarse organismos públicos como los municipios.
Explicó que esta mañana, el CAL calificó los dos proyectos de ley que han sido presentados en esta materia y que, de inmediato, fueron remitidos a la Comisión de Gobiernos Autónomos, que preside el asambleísta Virgilio Hernández, al indicar que este organismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene 45 días para presentar el informe previo al primer debate, 20 de los cuales debe destinarlos a la socialización del proyecto; “les invito a participar activamente en la Comisión, para que expongan sus puntos de vista, no solo los alcaldes, sino también los prefectos, los miembros de las juntas parroquiales y, por qué no, aquellos que promueven las revocatorias”, dijo.
Añadió que la ley está para desarrollar la norma constitucional, en este caso, según su criterio, si la Ley suprema establece que se solicitará la revocatoria del mandato con no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, es posible que en la reforma legal se revisen esos porcentajes hacia arriba, porque no es lo mismo el 10% de los votantes en Guayaquil, que en una jurisdicción que tenga un registro electoral de 5 000 votantes o menos.
En todo caso, aclaró, será en el curso del debate que este y otros aspectos se deberán considerar y aspiramos que el criterio mayoritario del Pleno sea el mejor posible, en favor del fortalecimiento del sistema democrático ecuatoriano. “Si nos manejamos dentro de los tiempos mínimos para el trámite de esta ley, podría estar aprobada en 90 días”, enfatizó.
Entre tanto, el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, Paúl Granda, insistió en que los alcaldes no se oponen a la revocatoria del mandato, pero consideran que para beneficio de la propia democracia, es necesario regular este derecho consagrado en la Constitución, porque se ha convertido en un problema que pone el peligro “la institucionalidad de los gobiernos autónomos descentralizados”. “No estamos defendiendo un puesto, lo que queremos es que se establezca con claridad en qué casos procede la revocatoria del mandato, porque no puede ser que se pida la salida de los alcaldes por rencillas personales, por chantaje político, por otros vicios que han afectado la gobernabilidad de las provincias, cantones y parroquias del país”, subrayó.
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