Esa tarde representantes de la Isla Jambelí, considerada comuna ancestral desde 2015, acudieron a la Comisión de Derechos Colectivos con el propósito de exponer la problemática de la zona y reivindicar los derechos de sus habitantes.
Verónica Arreaga, vocera de la Isla Jambelí, ubicada en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, denunció a la Alcaldía de Santa Rosa por el incumplimiento de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, que ha conducido a un estado de emergencia sanitaria de la isla desde 2009.
Esto en base al artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), referente a las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal. El literal d) de este artículo establece como competencia la prestación de servicios públicos como agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental.
Además, precisó que en agosto de 2009 Freddy Aguire, funcionario público, entregó un informe técnico con la colaboración de trabajadores de la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Dirección Provincial de El Oro, a la Alcaldía de Santa Rosa, donde se evidencia que los servicios públicos son de mala calidad.
“Debido al alto grado de salinidad, el agua es solo apta para aseo personal, higiene y lavado de ropa, mientras que el agua para consumo humano es transportada desde Puerto Bolívar hasta la isla”, indicó Verónica Arreaga.
Las muestras de agua evidenciaron que el recurso natural es inmunodeficiente e insalubre. También indicó que el 90 % de las viviendas poseen fosas sépticas que se encuentran en colapso, debido al exceso de sólidos disueltos: “no existe un manejo adecuado de los residuos sólidos, causando contaminación de las aguas y afectando la salud de los habitantes”.
Frente al estado de emergencia sanitaria, los habitantes demandan no solo abastecimiento de agua apta para el consumo humano, un sistema óptimo de agua potable y alcantarillado. También denunció la presencia de basurales: “esta emergencia sanitaria es una barrera para el desarrollo del turismo en Jambelí, que podría ser aprovechado”.
Resaltó el potencial turístico de Jambelí que recibe a 200 mil turistas al año, tanto nacionales como extranjeros. Esta actividad, que beneficia 280 ciudadanos, reúne a comerciantes, pescadores artesanales, operadores turísticos y actores del sector hotelero, por lo que se considera un motor para el progreso económico. Aseguró que el turismo se emprende en los 293 kilómetros de playa. En esta misma línea, Arreaga manifestó la necesidad de preservar las áreas naturales: "el perfil costero de la Isla de Jambelí presenta erosión del suelo”.
Jorge Corozo Ayoví, titular de la mesa legislativa, se comprometió a emprender un minucioso análisis de la documentación presentada por Arreaga, a fin de esbozar un informe con una perspectiva integral de la problemática que atraviesa la isla.
“La realidad de Jambelí es una clara violación a los derechos humanos. Que en pleno siglo XXI los habitantes no tengan un sistema de agua potable y alcantarillado es inaceptable”, aseveró.
La asambleísta por Cotopaxi, Carmen García, propuso la conformación de una subcomisión, con el objetivo de que los legisladores realicen una visita a territorio. “De esta forma, se podrán palpar de cerca las necesidades de sus habitantes y constatar el incumplimiento de las competencias por parte de la Alcaldía de Santa Rosa”.
José Chalá, legislador por Imbabura, apoyó la propuesta de García. “La visita in situ es fundamental para corroborar los hechos. Además, el estudio de la documentación es clave para la elaboración de una resolución por parte de la mesa legislativa”, concluyó.
PAU/pv
