En el marco del tratamiento del Memorándum de entendimiento entre Ecuador y México para garantizar el retorno asistido, digno, ordenado y seguro de personas, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió a Patricio Benalcázar, delegado de la Defensoría del Pueblo; Felipe Vega de la Cuadra, viceministro de Defensa, y a Jacques Ramírez, sociólogo, especialista en el tema de migración.
Este instrumento binacional, suscrito el 23 de mayo de 2017, en México, pretende el establecimiento de un mecanismo de cooperación que garantice el retorno asistido de los nacionales de ambos países, con un enfoque integral y responsabilidad compartida entre todos.
Patricio Benalcázar destacó seis observaciones sustanciales al instrumento internacional. La primera en relación al artículo 1, referente a que los nacionales en terceros países con residencia en México o Ecuador o que tengan un familiar ecuatoriano o mexicano cumplan las condiciones y requisitos sobre unidad familiar, establecida en la legislación de cada país.
El funcionario recomendó incluir que el familiar que requiera la reunificación familiar pueda ser un nacional de un tercer país, con residencia en los países involucrados. Mencionó que en el caso de Ecuador esta disposición ya consta en la Ley de Movilidad Humana, en el numeral 4 del artículo 63, como uno de los requisitos para la obtención de visa permanente.
Además, señaló la importancia de identificar la responsabilidad económica del retorno a los Estados, para efectivizar los beneficios del instrumento.
La emisión de un certificado médico legal por parte del Estado del que retorna la persona, a fin de sustentar su condición de salud y preservar su integridad personal durante el proceso de retorno, constituye la tercera recomendación que efectuó Benalcázar.
También propuso que el artículo 18 contemple que las instituciones encargadas del seguimiento y evaluación de los retornados, la Defensoría del Pueblo en Ecuador y Comisión Nacional de Derechos Humanos de México realicen una verificación de la situación para garantizar derechos humanos en cualquier momento y lugar que se encuentren.
En relación a la recepción de personas retornadas, Benalcázar subrayó que instituciones públicas y privadas de carácter social deben orientar a las personas a culminar su retorno al lugar de residencia.
El representante de la Defensoría del Pueblo subrayó que es fundamental que las instituciones públicas garanticen el retorno de los compatriotas a su destino final de residencia, mediante programas de asistencia, incluso, económica.
“Los aeropuertos internacionales de Guayaquil y Quito son equidistantes con respecto a las provincias de retorno de los compatriotas (Azuay, Chimborazo, Cañar, Loja, Azogues y Morona Santiago), y en las condiciones que retornan, sin recursos económicos, por lo que es importante garantizar el regreso al lugar final de residencia”. Precisó que este seguimiento debe priorizar a niños, niñas y adolescentes que regresan sin un adulto.
En esta misma línea, Felipe Vega de la Cuadra complementó el estudio del instrumento con cifras estadísticas. Indicó que en 2016, 137 compatriotas retornaron desde México y en lo que va de 2017, 14 y tres mexicanos retornaron desde Ecuador.
El viceministro subrayó la verificación de la situación de los compatriotas retornados, así como de los mexicanos que regresan a su país. Así mismo, aseguró que el memorándum constituye un instrumento de carácter jurídico que se elabora con base en la realidad de los migrantes.
Precisó, además, que estos instrumentos son perfectibles. De ahí que es importante desarrollar una evaluación cuando se encuentran vigentes, con el objetivo de determinar el real alcance de sus disposiciones para con los ciudadanos.
Doris Soliz, titular de la mesa parlamentaria, planteó que este memorándum de entendimiento busca mejorar los procesos consulares de documentación migratoria y el retorno asistido de los nacionales de ambos países, con un tratamiento diferenciado. “En este sentido, beneficiará a los compatriotas, con un retorno digno y seguro al país”, señaló.
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