La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social avanzó en el estudio y análisis de la matriz de los proyectos de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, referentes a la fijación y pago de pensiones por alimentos y a adolescentes infractores.Los proyectos provienen de los asambleístas: Andrés Páez, Viviana Bonilla, Vicente Taiano, Abdalá Bucaram, Pamela Falconí, Fernando Aguirre, Fernando Vélez, Silvia Salgado, Paco Fierro y Betty Amores; mismos que fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa CAL y mediante resolución de fecha 9 de diciembre de 2010 remitió a la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores.
Según Nivea Vélez, manifestó que en el caso de las pensiones de alimentos la propuesta elimina a los obligados subsidiarios, pero que se deben buscar otras alternativas para asegurar el acceso al derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes.
Argumentó que con la reforma es necesario analizar algunos elementos respecto del derecho de alimentos como criterios para asignación de la obligación a los subsidiarios, en relación a las condiciones económicas del obligado, pues los jueces determinan la pensión de alimentos pero no se hace efectiva porque el obligado subsidiario no tiene los recursos para pagarla.
Por ello, consideró que se debe pensar en un posible bono complementario para casos de pobreza, pero con normas claras, de manera que no se convierta en un programa asistencial o clientelar. Entre las cosas que se deberá asegurar es la articulación a políticas emergentes para la familia del niño, niña y adolescente para salir de la situación de pobreza, añadió.
La Comisión de los Derechos resolvió tratar con agilidad y minuciosidad cada uno de los artículos e invitar para las próximas sesiones a expertos que orienten el debate.
En relación al tema de adolescentes infractores, señaló que el Código de la Niñez y Adolescencia, desde el 2003 prevé las medidas socioeducativas alternativas a la privación de la libertad, las mismas que se aplican en caso de infracciones, se podría decir, de alguna forma, menos graves.
La comisión decidió realizar la consulta a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que preside María Paula Romo, con la finalidad de conocer si han avanzado en el tratamiento del tema.
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