Con la presencia de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad prosiguió el análisis y debate del proyecto de Ley Orgánica de Protección del Adulto Mayor. Esta normativa reemplazaría a la Ley del Anciano, que data de 2006.
La decisión de la mesa, según su presidente, Jorge Corozo, es garantizar, a través de esta herramienta, los derechos de este importante grupo poblacional, considerado por la Constitución como de atención prioritaria y vulnerable.
“La ley está siendo construida para involucrar, en primera instancia, a la familia en el cuidado y atención del adulto mayor, así como al Estado en la generación de políticas públicas, estableciendo responsabilidades específicas”, dijo al señalar que no es posible que un anciano muera antes de ingresar a un hospital pues generalmente no hay quien le asista.
Reiteró que se pretende sacar un cuerpo legal efectivo, que garantice derechos, responda a las necesidades reales del sector y, lo que es más, que todas las disposiciones se cumplan a cabalidad.
Médico del barrio
“La estrategia del médico del barrio es muy ambiciosa”, explicó la ministra Espinosa. Precisó que el proyecto tiene una implementación progresiva que durará dos años hasta llegar a todas las zonas del país, especialmente a la parte rural y de difícil acceso. Esto implica talento humano, movilidad, planes de ejecución, participación ciudadana, empoderamiento; hay todo un esquema alrededor del médico del barrio que se demora entre dos y tres meses para que llegue a cada casa y ofrezca respuesta concreta, en base a necesidades particulares de los pacientes, tomando en cuenta las zonas geográficamente complicadas.
“Las acciones tienen que ser prácticas, concretas, operativas y lo clave está en conseguir el debido presupuesto”, mencionó, mientras recordaba que el sector salud cuenta con 3 mil millones de dólares, que significa el 3 % del PIB, más allá que la Constitución habla de asignar el 4 %, mientras la OMS recomienda el 6% para lograr una cobertura universal en un sistema donde el Estado provee de forma gratuita los servicios.
Prioridades
Los parlamentarios César Carrión, Jaime Olivo, Carmen García y José Chala coincidieron en pedir un trabajo más intenso en la cuestión preventiva a favor de un millón de adultos mayores, potenciar los centros gerontológicos, priorizar las citas médicas para estos ciudadanos y la entrega oportuna de medicamentos.
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