Los planes avanzan como estaba organizado. Se estima que este mismo año la Asamblea apruebe en segundo debate el proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Para ello, después de recorrer el territorio, la Comisión de Biodiversidad concluyó la revisión del primer borrador del informe. Lo hizo artículo por artículo.
Con el proyecto se regula el sistema de planificación para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA). Esa organización permitirá garantizar el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la producción, el respeto de los derechos de la naturaleza, el desarrollo sostenible, la conservación de su patrimonio cultural y memoria social.
Una Secretaría Técnica será la encargada de elaborar y dar seguimiento a la planificación, que será integral y tomará en cuenta aspectos sociales, económicos y productivos, ambientales y culturales. Aquí entran temas relacionados con el mejoramiento de la salud, educación, vivienda, servicios básicos, deporte, gestión de riesgos, entre otros.
En el ámbito económico y productivo se buscará generar empleos, impulsar la actividad agrícola, la infraestructura, el transporte, turismo, créditos; en lo ambiental, defensa de áreas protegidas, bosques, reparación integral, cambio climático; y en lo cultural se prevé promoción e incentivos, así como reconocimiento de su patrimonio.
La norma plantea dos grandes instrumentos económicos que permitan financiar planes y proyectos para alcanzar el desarrollo de todas esas áreas. Uno de ellos tiene que ver con la creación de un Fondo para el Desarrollo Sostenible, que se financiará con una asignación equivalente al 4 % del precio de la venta por cada barril de petróleo que se extraiga de la Amazonía y que en ningún caso será inferior a dos dólares.
El 94 % de estos recursos se destinarán a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el 6 % se irá a un Fondo Común. Las prefecturas recibirán el 26 %, los municipios el 58 % y las juntas parroquiales el 10 %. Una cantidad, el 40 %, será en partes iguales y el resto, según la proporción de su población.
El otro instrumento se denomina Fondo Común. Se alimentará con ese 6 % que le entregue el Fondo para el Desarrollo, con el 60 % de las regalías mineras, el 30 % del superávit que generen las empresas públicas de electricidad, recursos que se entregan actualmente para inversión y otros que gestione la Secretaría Técnica.
Dicho Fondo se encargará de financiar planes, programas y proyectos de inversión social y desarrollo territorial, que podrán ser ejecutados por los GAD o el Gobierno Nacional, acorde a sus competencias exclusivas, de forma directa o a través de alianzas público-privadas.
Al menos un tercio de estos planes se destinarán a las áreas de influencia de los proyectos de explotación hidrocarburífera, minera y eléctrica.
LILA/pv
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