El encuentro ciudadano que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores desarrolló en el Puyo, Pastaza, se realizó con unos 200 representantes de sindicatos, organizaciones, frentes, gremios, artesanos y de algunas instituciones, especialmente, de los gobiernos autónomos descentralizados. Como en otros diálogos, el objetivo se cumplió: la población local expresó sus necesidades para que la mesa las estudie y vea la posibilidad de incluirlas en el nuevo Código del Trabajo, que está en construcción.
“Estamos presentes en todos los espacios para escuchar sus realidades”, les dijo Liliana Durán, al iniciar el coloquio. Y así fue. Una de las propuestas que tuvo una voz casi uniforme de quienes intervinieron tuvo que ver con el mandato constitucional que considera a esta región como una circunscripción territorial especial. Bajo ese marco, pidieron que se otorgue a los trabajadores de la Amazonía un bono del 50 % de la canasta básica familiar.
Esta petición se realiza por dos consideraciones, según el asambleísta por Pastaza e integrante del órgano parlamentario, Raúl Tello. Primero porque esta región, al ser rica en petróleo y recursos hídricos, es una de las que más aporta para los ingresos del Presupuesto General del Estado y por las difíciles condiciones de accesibilidad que presenta, tanto en infraestructura, como en servicios.
“Ese beneficio servirá para superar algunas problemáticas que aquejan a esta zona, en donde ocho de cada diez ciudadanos son pobres”, puntualizó Narcisa Sánchez, del Frente Popular de Pastaza. A este argumento, Luciano Buetan, del Sindicato de Educación, le puso un ingrediente más: “hemos recibido un trato discriminatorio a una de las regiones más ricas del país”, sostuvo.
No obstante, a los amazónicos no solo les interesa esa retribución, sino que, a través de la norma, se impulsen mecanismos para incrementar plazas de empleo. “Esta no es una región con grandes empresas, a excepción de las petroleras, que dan más trabajo a los foráneos”, aseveró Tello.
“La diferencia entre la vieja legislación y la nueva es que debe ser un instrumento para generar mayores oportunidades laborales”, manifestó, por su parte, Roberto de la Torre, alcalde de Pastaza. El burgomaestre cree que la norma debe suscitar condiciones para la estabilidad laboral.
La jubilación fue otro de los temas en el que coincidieron los dirigentes. Solicitaron que la misma sea otorgada cuando el trabajador cumpla treinta años de servicio y la trabajadora veinticinco, sin límite de edad. Pero fueron más allá. Exigen que el Código establezca, con claridad y sin contraposiciones, que las entidades de manera obligatoria fijen en sus presupuestos recursos para esta prestación.
Por otra parte, los participantes tuvieron reparos con la Ley de Justicia Laboral. Creen que se debe derogar, porque “entorpece la contratación colectiva” e impide que el Estado “siga aportando el 40 % para las jubilaciones”.
Los derechos de los afiliados los abordó, en cambio, Elías Jacheco, representante de los trabajadores de la Universidad Estatal Amazónica. Sugirió, por ejemplo, que se sancione con cárcel a quienes transfieran recursos de los diferentes seguros a otras áreas.
Hugo Tobar, del gremio de mecánicos, hizo un llamado para que se derogue la ley que no permite el trabajo de los menores de edad y que se les otorgue créditos blandos para maquinaria y capacitación. En tanto, Evita Zúñiga, del sector artesanal, pidió que se mantenga la norma que les impide pagar el décimo tercer y décimo cuarto sueldos, así como las utilidades a sus operarios.
Estos insumos, junto a los recogidos esta misma semana en Loja y Zamora Chinchipe, se procesarán próximamente con el Ministerio del Trabajo, informó Liliana Durán.
LILA/pv
