En la Comisión Ocasional que estudia el proyecto de Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres coinciden en pensar que una vez que alguna fémina ha sido violentada o está en peligro debe recibir ayuda urgente. Pero el debate continúa centrándose en qué institución es la que debe prestar esos primeros auxilios. Desde los ministerios de Justicia y del Interior creen que debe ser la Policía Nacional.
En el informe para primer debate se establece que para frenar o enfrentar casos de violencia se deben otorgar medidas administrativas de protección y que los órganos competentes sean los tenientes y jefes políticos, así como las juntas cantonales de protección de derechos, que están a cargo de los municipios.
Rosana Alvarado, ministra de Justicia, y Andrés de la Vega, viceministro del Interior, consideran que los primeros órganos tienen una visión enmarcada en la gobernanza y en lo político y que, además, su permanencia es volátil. En cambio, en las juntas cantonales de protección ven valioso su aporte, pero no en el plazo inmediato, porque todavía no han logrado fortalecerse.
En el caso de la Policía, se está implementando un Sistema de Alerta Temprana, como plan piloto en Quitumbe, que da resultados, según Rosana Alvarado. En una ocasión, De la Vega dijo que se está ejecutando desde agosto de este año y que se han logrado reconocer 18 posibles víctimas. Explicó que una vez identificada la misma se le presta asistencia, se genera un sistema de información y se cruzan datos con otros ministerios e instancias para darle seguimiento.
Con estos antecedentes pidieron que se fortalezca el plan y se eleve a Ley para que tenga más fuerza. Los legisladores consideraron necesario visitar las instalaciones para conocer más de cerca su funcionamiento.
“Se necesita una instancia operativa y de coordinación en el territorio para que no solo preste ayuda, sino que garantice el seguimiento de las medidas administrativas de protección”, subrayó Juan Lloret, miembro de la comisión. Y ese es el análisis que tendrá que hacer la mesa. “Tenemos que pensar en qué pasa después de esa inmediatez”, acotó Sebastián Palacios.
Para Ramiro Rivadeneria, defensor del Pueblo, quien también acudió a la comisión para dar sus criterios, expresó que en estos casos se necesita articulación entre el gobierno central y los descentralizados.
Los derechos de la víctima fueron otro de los temas que elevó a consideración Rosana Alvarado. Replanteó la idea de que la mujer maltratada pueda acudir a una casa de acogida como medida de protección. Sugirió que el policía tenga la posibilidad de ingresar al hogar, retirar al agresor y restituir a la víctima. “El que tiene que salir es el agresor”, reiteró.
Por su parte, Rivadeneira hizo énfasis en el Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia, que la norma crea. Manifestó que se establecen las funciones que ejercerán las catorce entidades que lo componen. Sin embargo, se deben generar mecanismos de coordinación desconcentrados. Además, debe haber participación de la comunidad en el Sistema.
Con estos puntos estuvo de acuerdo Betty Tola, representante de la Plataforma Nacional de Mujeres, porque "ya hay instancias de la sociedad civil que están involucradas en este tema, como la red de casas de acogida”, por lo que “no incorporar a la comunidad es limitado (el Sistema)”.
Tola sugirió también que se incluya en esa institucionalidad a la Secretaría de Educación Superior, puesto que es la encargada de establecer los currículum para la formación de profesionales. La idea es erradicar en este ámbito patrones culturales que después se replican.
La reproducción de esos estereotipos y representaciones sociales se busca combatir desde los contenidos mediáticos. A eso le apuesta el Consejo de Regulación de la Comunicación, según su presidente Danilo Silva. Aseveró que esta entidad ha desarrollado normas y mecanismos para generar políticas públicas basadas en un enfoque de género.
Érika Torres, miembro del Consejo, hizo referencia a la necesidad de trabajar en una de las violencias que generan relaciones de dominación y subordinación: la simbólica, que también se incluye en el proyecto de ley.
LILA/pv
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