En el Foro “Juntos hasta encontrarlos” por los desaparecidos en Ecuador, organizado por el legislador Absalón Campoverde, los delegados de los ministerios de Justicia, del Interior, el Defensor Público y Fiscalía se comprometieron a redoblar esfuerzos para dar respuesta a familiares de personas desaparecidas.
Lucy Blacio, viceministra de Justicia, al felicitar la perseverancia y lucha de los familiares de las personas desaparecidas mencionó que el gobierno considera prioritaria la atención de estos casos como elemento indispensable para la protección y defensa de los derechos humanos. Para ello desarrollan acciones coordinadas que incluye la creación de institucionalidad, la implementación de protocolos específicos de actuación y una interacción entre el gobierno central y la Función Judicial con miras a evitar la impunidad.
Reconoció que todavía existen muchos nudos críticos en el funcionamiento del mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. “Pese a las iniciativas emprendidas por el Estado, no se cuenta con información estadística detallada sobre los casos reportados, lo cual limita la implementación de políticas efectivas para contrarrestar esta problemática”, afirmó.
“Desde el Ministerio de Justicia estarán atentos para promover y apoyar los cambios normativos e institucionales necesarios para enfrentar este problema y brindar una respuesta oportuna a los familiares de las víctimas”, agregó.
“Es necesario unificar esfuerzos entre la Fiscalía y los entes gubernamentales para establecer acciones conjuntas, a fin de esclarecer las desapariciones”, mencionó al informar que capacitarán a los funcionarios involucrados, sobre todo de la Fiscalía y de la Función Judicial, para brindar una atención eficaz, eficiente y de calidad.
De su lado, Thomas Guayasamín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, del Ministerio del Interior, reveló datos estadísticos de personas desaparecidas. Precisó que han revisado todas las denuncias que se presentaron en el país y contrastaron datos que tiene la Fiscalía y la Policía Nacional para determinar una cifra oficial.
Se estableció que existen 1511 casos de personas desaparecidas y que las provincias de Guayas y Pichincha son las más recurrentes en denuncias. “Esto obliga a focalizar mayor atención en estas jurisdicciones”, agregó.
A partir del diagnóstico de los primeros seis meses, el Ministerio del Interior modificó su estructura orgánica. También se encomendó a una dependencia dentro de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana encargada de la implementación de política pública con acciones preventivas que no entorpezcan el trabajo de la Policía Nacional. Para 2018 tendrán desarrollado el sistema de alerta temprana para niños, niñas y adolescentes.
La política pública para corto plazo tiene tres ejes: preventivo (protocolo para personas que reinciden, campañas de concienciación del tema), investigativo (trabajan con la Fiscalía en un nuevo formato de ficha de recepción de denuncias que permita conocer más variables de la persona que ha sido reportada como desaparecida) y comunicacional (mejorarán la difusión en territorio y focalizarán mayores esfuerzos donde sea necesario).
Entre tanto, Johana Ponce, abogada experta de Familia y Derechos Humanos, mencionó que el tema de personas desaparecidas muchas veces es invisibilizado en Ecuador. Los datos no reflejan el dolor que viven las familias de las víctimas. Exhortó al Estado, asambleístas y sociedad civil a unirse para lograr seguridad jurídica que dará respuesta a esas miles de personas que tienen familiares desaparecidas. Esta acción permitirá prevenir los riesgos y peligros que acosan a la sociedad. “Hay que construir un país más seguro y terminar con la incertidumbre”, subrayó.
Mientras, Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, sostuvo que desde que se agruparon las familias de personas desaparecidas se ha visibilizado este tema lacerante. Calificó de importante la inclusión en el Código Integral Penal como delito, la desaparición involuntaria y sugirió que se implementen protocolos para esclarecer los hechos.
Alicia Contento Bastidas, delegada del Defensor Público, precisó que desde que se aplicó el COIP, se creó la unidad de atención de víctimas, con personal especializado.
De la Fiscalía, Mery Chiriboga indicó que esta entidad, en coordinación con el Ministerio del Interior, han dado grandes pasos en esta materia con la creación de la Unidad de Desaparecidos. Esta será la encargada de la investigación, pues están conscientes del cumplimiento de defensa de los derechos humanos.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, Telmo Pacheco, dijo que el gobierno debe dar atención prioritaria para esclarecer y dar respuesta. “No descansaremos hasta que se esclarezcan los hechos”, subrayó.
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