Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, hizo un balance de los primeros siete meses de gestión en esta mesa legislativa. Según dijo, en sesiones itinerantes Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Azuay, Orellana conocieron de cerca diversos problemas, como la contaminación de las fuentes de agua. En esas zonas también se recogieron criterios ciudadanos sobre el Código Orgánico de Participación Ciudadana y la Ley de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
Se hicieron dos talleres en Quito y uno en Guayaquil, para recoger las observaciones de las organizaciones sociales. En el seno de la comisión estuvieron los trabajadores petroleros, jubilados, maestros, defensores de ambiente, agricultores, héroes de guerra y otros grupos, quienes llegaron a la mesa de trabajo a exponer su situación y a pedir que los legisladores sirvan de mediadores para resolver sus conflictos, especialmente en el tema laboral.
En el caso de los trabajadores petroleros, ellos denunciaron el irrespeto de sus derechos laborales. Se envió una delegación de asambleístas a Petroamazonas y recibieron una respuesta de la Gerencia, que dice que se revisarán las condiciones de sueldos y salarios. Una de las decisiones fue que cada asambleísta en su provincia realice audiencias públicas para evitar que todos los legisladores se trasladen a territorio, pues según Héctor Yépez, presidente de la mesa de trabajo, los ciudadanos necesitan respuestas rápidas.
Más temas
Otro de los temas que se aplica en la Comisión de Participación Ciudadana es la ocupación de la silla vacía. En todas las sesiones, gente de todos los criterios, asiste a la comisión y da sus puntos de vista. “Tenemos un récord, todas las decisiones se tomaron de forma unánime. Sabemos solucionar las diferencias y es posible llegar a consensos a pesar de pertenecer a diversas líneas políticas”, afirmó Yépez.
En los primeros meses de 2018 se espera tener el informe para primer debate del proyecto de Ley de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que aspira tenga el apoyo de la mayoría de legisladores de la Asamblea, para proteger y fortalecer a la sociedad civil, para que los ciudadanos se organicen de forma libre. “Luego del 4 de febrero, en función de lo que pase en la consulta, sabremos qué hacer con el Código de Participación Ciudadana”, explicó Yépez.
También anunció que se reactivará el proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo, por lo que llamarán a quien esté en el cargo, para escucharlo. Yépez aseguró que espera que el próximo año la discusión política pare y los legisladores se enfrasquen en temas que aún no se solucionan.
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