La reforma integral al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) es uno de los temas que ha priorizado la Comisión de Gobiernos Autónomos, durante estos siete meses de gestión. Su presidente, Montgómery Sánchez, aseguró que buscan construir un proyecto para mejorar la calidad de vida de todos los sectores urbanos y rurales del país, a través de las diferentes competencias de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Precisamente, para conocer las necesidades de los ciudadanos y plasmarlos en la ley, la mesa recorrió Loja, Esmeraldas, Carchi, Los Ríos, Manabí y Guayaquil. En esas jurisidicciones escuchó las demandas e inquietudes de las autoridades de los gobiernos locales, academia, sector productivo y ciudadanos pertenecientes no solo de esas provincias, sino a los territorios aledaños. La comisión visitó estas localidades en acompañamiento de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Según Sánchez, se construirá una norma “en la que se respete la autonomía de cada nivel de gobierno, así como su gestión financiera, económica y política”, pero que, fundamentalmente velarán para que estos gobiernos estén cercanos a sus habitantes y prioricen obras relacionadas con los servicios básicos, vialidad, riego, producción y turismo.
El informe para primer debate de este proyecto estaría listo a finales de enero del 2018. Por ahora el equipo asesor de la mesa se encuentra sistematizando y ordenando las propuestas. Se espera que el segundo debate se realice durante el primer trimestre del próximo año.
Otros temas que se han tramitado en la comisión, respecto de reformas al Cootad han sido archivados, porque no cumplían lo que manda la ley.
Por otra parte, la comisión trabajó el proyecto de Ley de Fijación de Límites Internos del Ecuador con el que se busca resolver la problemática fronteriza de 943 puntos entre provincias, cantones y parroquias. Los asambleístas aprobaron el informe para primer debate. Sánchez informó que aún falta por resolver 16 problemas, pero que la comisión trabajará con mucha responsabilidad para garantizar la unidad interna del país.
La mesa parlamentaria también tiene la vista fija en el proyecto de Ley de Desarrollo Económico Fronterizo, que se lo vetó en el 2012. El asambleísta dijo que esta norma es un mandato constitucional para fomentar la inversión, trabajo y bienestar de estas localidades.
La Carta Magna, en su artículo 249, determina que los cantones cuyos territorios se encuentran total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico.
LILA/pv
